Comenzó el juicio por el histórico golpe comando que paralizó Bernardo de Irigoyen y por el cual juzgan al cabecilla de la banda
Ocurrió en 2016, cuando un grupo de al menos seis ladrones asaltó la comisaría del pueblo, el juzgado de paz, la comuna, un local de cobro de servicios y el correo.
El acusado tiene 54 años y se encuentra detenido en la Unidad 48 de San Martín. Presencia el juicio desde la Unidad 48 de San Martín.
Diez años y seis meses después del histórico golpe comando al pueblo de Bernardo de Irigoyen, ubicado a 80 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe, el caso comenzó a ser juzgado con uno de los sindicados cabecillas de la banda en el banquillo de los acusados.
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Se trata de Leonardo Rivero, de 54 años, actualmente alojado en la Unidad 48 de San Martín (provincia de Buenos Aires), y el cual afronta un pedido de condena 17 años de prisión por el histórico raid delictivo que supo quebrar la paz de la pequeña comunidad del departamento San Jerónimo.
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Rivero además es acusado de haber encabezado una banda dedicada a cometer fuerte atracos en distintas localidades de la provincia de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, en el marco de una causa por la que ya fueron condenados varios de sus integrantes.
El debate se desarrolla ante un tribunal integrado por los jueces Celeste Minniti, Pablo Ruiz Steiger y Héctor Aiello que evaluarán las pruebas recopiladas a lo largo de una década por los fiscales Omar De Pedro y Lucila Nuzzo.
La defensa del caso se encuentra a cargo de la defensora pública, Virginia Balanda, que reclamó este miércoles la absolución de su asistido por el beneficio de la duda o de manera subsidiaria, y en caso de que Rivero sea condenado, solicitó una pena por un monto menor al impulsado por la Fiscalía.
“Según la acusación, en ningún momento se advierte cuál fue la función de Rivero ya que en ninguno de los hechos se determina”, sostuvo en su alegato de apertura la defensora oficial. “Fue imputado y acusado con absoluta indeterminación de qué es lo que hizo: si él es el que apuntó, si estaba en el auto”, acotó.
El acusado, por su parte, no declaró y solo brindó algunos datos sobre su vida personal. Dijo que es comerciante, soltero y que tiene un hijo. No obstante, aseguró que cursa la universidad al momento de ser consultado por su instrucción educativa.
Van por la condena
Desde la otra vereda, en tanto, la fiscal Nuzzo requirió al tribunal que una vez culminado el debate condene a Rivero por el golpe comando en Bernardo de Irigoyen al considerar que fue el autor de los delitos de robo calificado por uso de arma de fuego en poblado y en banda reiteradas en cinco oportunidades, privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia y amenazas reiteradas; y además ser el jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer asaltos y que operaba en distintas provincias de la Argentina.
“Acá no estamos ante un caso común de un hecho de delincuencia habitual sino que estamos ante un caso de criminalidad organizada”, resaltó la funcionaria judicial en su alegato de inicio del juicio.
“Esta criminalidad organizada tuvo su hito principal el 4 de marzo del 2016, a las 9 de la mañana, en la localidad de Bernardo de Irigoyen en donde todo un pueblo sufrió el arrebato de su tranquilidad”, destacó Nuzzo.
Un robo que sacudió a la seguridad pública
Los hechos por los cuales Rivero comenzó a ser juzgado este miércoles en tribunales, remontan al 4 de marzo del 2016, cuando -según la Fiscalía- arribó a a Bernardo de Irigoyen a bordo de un Peugeot 207 en el que iba Carlos Entivero y al menos cuatro cómplices que nunca fueron identificados.
Con un plan minuciosamente trazado, el grupo de hampones fue hasta la Comisaría 9ª, ubicada sobre la calle Sarmiento, cerca de Lisandro de la Torre. Con armas en mano, los delincuentes encañonaron al comisario local. "Quédate quieto, no te muevas, dame la pistola", le gritaron antes de golpearlo y despojarlo de sus pertenencias, incluyendo su credencial policial, una tarjeta de débito y su teléfono celular. Tanto el jefe policial como algunos vecinos que estaban radicando una denuncia en ese momento fueron obligados a tirarse al suelo y luego encerrados en la celda de la dependencia policial.
La banda continuó su despliegue criminal cuando ingresó Juzgado Comunal, en donde fue abordado el juez Raúl Bonansea y al cual dejaron encerrado en el baño. De forma simultánea, otros dos asaltantes entraron a un local de cobro de impuestos contiguo a la Comuna. Allí redujeron al cajero apoyándole un arma en la sien para apoderarse de $166.000 de la caja registradora. El empleado fue tomado como rehén y llevado a la fuerza hacia la sede comunal, donde también redujeron al personal presente. Los asaltantes irrumpieron en el despacho del presidente comunal, Jorge Raúl Carcavilla, al cual también redujeron.
Tras agredir físicamente al mandatario comunal, la banda le sustrajo los teléfonos móviles, $50.000 en cheques diferidos y $20.000 en efectivo. Antes de escapar, lanzaron una última amenaza: "No se levanten, quédense en el suelo y no hagan nada porque los quemamos". El golpe tipo comando concluyó en la sucursal del Correo Argentino, de donde se llevaron $16.487 antes de huir.
La huida, en tanto, se dividió en dos frentes: una parte del grupo escapó hacia el sur por la autopista Rosario – Santa Fe descartando objetos robados en el camino. Por su parte, Entivero huyó hacia el norte por la Ruta Nacional 11; sin embargo, al llegar al cruce con el camino al cementerio de Coronda, se enfrentó a tiros con la policía, perdió el control del auto, volcó y falleció en el acto.
Ocho meses más tarde, Rivero fue localizado en el Juzgado de Paz de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Tras ser trasladado a Santa Fe, permaneció un tiempo en prisión preventiva hasta quedar en libertad. No obstante, en pleno avance del proceso judicial, el imputado volvió a ser arrestado por otra causa, por lo que llegará en condición de detenido al juicio oral y público.
En el debate, Rivero no solo responderá por este raid, sino también por presuntamente liderar e integrar una organización criminal dedicada a cometer múltiples asaltos en Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba desde al menos 2014. Entre los hechos que la Fiscalía le atribuye se encuentran el atraco a Bernardo de Irigoyen y otros golpes frustrados —pero con inteligencia previa realizada—, como el robo a una vivienda con dos cajas fuertes en Pergamino, un objetivo cerca de Crespo, un joyero en Córdoba y al menos tres fincas en la localidad de Gálvez.
