martes 14 de julio de 2020
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Citan a indagatoria al dueño de un gym por violar la cuarentena a tres días de ser decretada

El caso sucedió tres días después de que el presidente Alberto Fernández decretó la cuarentena por el coronavirus y tuvo lugar en un establecimiento ubicado en Pedro Vittori al 3700.

La Justicia federal de Santa Fe fijó fecha de indagatoria para el dueño de un gimnasio local acusado de haber violado la cuarentena a tres días de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decretó el aislamiento social, preventivo y preventivo por la pandemia del coronavirus.

Se trata de G.R., quien deberá presentarse el próximo 30 de junio ante el juez federal N°1, Reinaldo Rodríguez, por haber infringido el artículo 205 del Código Penal Argentino, consiste en no acatar “las medidas adoptadas por la autoridad competente tendientes a evitar la introducción o propagación de una enfermedad contagiosa”.

El caso forma parte de una investigación judicial que se tramita en la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Gustavo Onel y que surgió a raíz de un procedimiento de control que efectuaron efectivos de la Policía Federal Argentina el 23 de marzo pasado. Ese día una llamada anónima alertó -cerca de las 18.30- que en un gimnasio de Pedro Vittori al 3700 “distintas personas” realizaban distintas actividades por lo que violaban no solo la cuarentena obligatoria sino también la resolución 11/20 de la Municipalidad de Santa Fe que en su momento suspendió la habilitación de gimnasios.

Leer másViolaron la cuarentena y se fueron hasta un gimnasio de Santa Fe

Según consta en la causa, los agentes policiales llegaron al establecimiento en ese entonces y cotejaron que en el interior había ocho personas que se encontraban vestidas con ropa deportiva. Ante la presencia policial, el propietario del gimnasio salió del local y les informó a los agentes que su presencia en el lugar era porque tenía que abonarle dinero a sus empleados y que además realizaban una “clase virtual”. Sin embargo, la explicación no convenció a los uniformados por lo que ordenaron desalojar el establecimiento y luego iniciar una causa por violación del aislamiento.

El caso recayó por turno en la Fiscalía N°1 y con el correr de los meses Onel solicitó la indagatoria para el propietario del local tras considerar que la actitud del mismo “significó la violación a las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción de la epidemia Coronavirus”.

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Gustavo Onel, el fiscal del caso.

Gustavo Onel, el fiscal del caso.

El funcionario judicial se refirió además al descargo que realizó la defensa particular del acusado que en un escrito presentado ante la Justicia sostuvo que su defendido citó a los empleados al lugar para abonarle sus salarios ya que el dinero que tenía en la caja era el único con él contaba para efectuar el gasto corriente. “Las alegaciones vertidas por la abogada defensora, como así también lo manifestado por el imputado no resultan suficientes en orden a destacar la antijuricidad de su conducta”, sostuvo el fiscal.

Los dichos, tanto del acusado en ocasión del procedimiento, que la abogada reitera, lejos de mejorar su situación fortalecen su responsabilidad, en razón de que éste reconoce de modo deliberado –a tan solo tres días de la publicación de la medida- haber actuado de manera contraria a lo dispuesto por la misma, cuyo contenido, a la fecha del hecho, era de público conocimiento, no pudiendo desconocer los alcances de la misma”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal por último señaló que el acusado, en caso de que fuera verdad de que convocó a sus empleados para efectuar el pago de salarios, no acató la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que el 16 de marzo recomendó a los empleadores “evitar la presencia de los empleados en sus lugares de trabajo”.