Caso Maros: todavía no se dictó una sentencia para los acusados
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Cuando las personas que iban a salir de vacaciones con Maros Turismo comenzaron a sospechar que el viaje no iba a suceder, se congregaron frente a la puerta de la empresa, en calle Urquiza al 6900, durante la tarde.
Marcela, la dueña de la empresa (aunque en los papeles figuraba su madre, Ana) intentó hablar con algunos de ellos para explicarles la situación. Pero el nerviosismo fue en aumento y la seguridad de las personas empezó a estar en peligro.
Entonces la fiscal en turno Lucila Nuzzo dispuso que Marcela sea trasladada a sede policial.
Al tomarse las primeras testimoniales y avanzar en la investigación la fiscalía entendió que no se estaba frente a un simple error, sino que se habían producido una serie de estafas reiteradas que había dejado a casi 400 damnificados con un monto millonario, y sin posibilidad de concretar los viajes que habían abonado.
La fiscalía también entendió que Marcela no había actuado sola, y que similar responsabilidad de le cabía a su madre Ana, a sus empleados Lucila y Miguel Ángel, y a la idónea de la empresa, Ivana, una mujer que no trabaja en Santa Fe.
En los primeros días de enero del 2017 se realizaron las respectivas imputaciones y el pedido de prisión preventiva, donde los jueces también entendieron que las evidencias colectadas configuraban el delito de estafas reiteradas, mientras la defensa y los propios imputados insistían en que se trató de un error comercial, que en todo caso debería ser tratado en sede civil como un incumplimiento de contrato.
Camino al juicio
En los últimos días, el fiscal Omar De Pedro confirmó que dos de los imputados, Marcela y Miguel Ángel, han acordado firmar un procedimiento abreviado en el cual aceptan la responsabilidad de los delitos atribuidos. Marcela recuperó la libertad hace dos meses tras haber estado casi un año en prisión preventiva, mientras Miguel Ángel cumple una prisión domiciliaria. En ambos casos resta realizarse la audiencia y que un juez dicte sentencia.
En cuanto a los otros tres imputados, De Pedro admitió que han rechazado la posibilidad de firmar un acuerdo abreviado y estos casos se encaminan al juicio oral y público que deberá desarrollarse en el presente año.
