Un call center tumbero: se hacían pasar por Horacio Rosatti para hacer estafas de prisión y ahora van a juicio
El caso comenzó cuando un falso Horacio Rosatti llamó al Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA para pedir un listado de detenidos. La investigación detectó que las llamadas salían de la cárcel de Jujuy y la fiscalía solicitó la elevación a juicio.
La investigación descubrió como los presos utilizaban la foto de Horacio Rosatti para hacer las estafas.
El fiscal federal Franco Picardi solicitó la elevación a juicio de una investigación que tiene como imputados a cuatro detenidos del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy que se hacían pasar por el ministro de la Corte, Horacio Rosatti, para cometer estafas telefonicas, a través de un call center tumbero.
Te podría interesar
Según el sitio fiscales.gob.ar, el requerimiento fue presentado el miércoles pasado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini. Los cuatro acusados integraban una organización criminal que, empleando el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, cometía estafas y extorsiones con familiares de otras personas privadas de la libertad.
Picardi los acusó por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros; usurpación de autoridad, reiterada en ocho oportunidades; estafa, reiterada en dos oportunidades; y extorsión mediante simulación de autoridad pública, todos en concurso material. La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, con base en el mencionado establecimiento penitenciario, ubicado en el Barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy.
Un call center tumbero detrás de la banda que se hacía pasar por Horario Rosatti
De acuerdo con la acusación, los integrantes del grupo utilizaban teléfonos celulares para presentarse como Rosatti, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad información sobre personas detenidas. Con esos datos, contactaban a sus familiares y les exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.
La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como “Corte Suprema de Justicia”, utilizando además alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales.
El caso comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una comunicación de un hombre que se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El interlocutor explicó que estaba realizando un relevamiento junto a personal de una supuesta “Comisión de Derechos Humanos” y solicitó un listado actualizado de las personas detenidas en dependencias policiales.
El comisario que recibió el llamado sospechó de la comunicación y pidió un número telefónico para devolver el llamado, pero al comunicarse la llamada se interrumpió y la jefa de seguridad de la Corte confirmó que el magistrado no había efectuado ningún requerimiento. El jefe policial logró grabar el tramo final de la comunicación original donde el falso juez exigía los nombres, los delitos y los teléfonos de los familiares.
Allanamientos y detención
A partir de esa denuncia se dispusieron distintas medidas de investigación, entre ellas pedidos de informes a las compañías telefónicas, intervenciones de líneas y análisis de antenas. Esas diligencias permitieron establecer que el abonado utilizado para el llamado tenía actividad en las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N°7.
La investigación fue delegada a la fiscalía federal de Picardi, que avanzó sobre las comunicaciones y los dispositivos empleados. Con el avance de la pesquisa se identificaron otros siete episodios en los que los integrantes del grupo habrían utilizado la identidad y la investidura de Rosatti para obtener información oficial sobre personas detenidas entre diciembre de 2024 y octubre de 2025.
Uno de los elementos centrales de la acusación son las comunicaciones telefónicas interceptadas durante la investigación, donde uno de los imputados detalló cómo debían realizar los llamados a las dependencias oficiales para obtener los datos de los allegados y exigir depósitos en una cuenta del Poder Judicial.
Los días 2 y 3 de diciembre de 2024, la Policía Federal Argentina realizó allanamientos en el Pabellón A, Sector 1, del Establecimiento Penitenciario N°7. En las celdas se secuestró un teléfono Samsung Galaxy A01 oculto en un colchón, además de anotaciones con números telefónicos, CBU, alias, tarjetas SIM y otros dispositivos.
Los hallazgos de los allanamientos, las anotaciones y el contenido de los dispositivos secuestrados corroboraron que la operatoria continuó durante los meses siguientes mediante otras líneas telefónicas y terminales. El análisis de antenas, las comunicaciones interceptadas y las nuevas denuncias permitieron vincular los episodios posteriores con la misma estructura, lo que derivó finalmente en la solicitud de elevación a juicio formulada por el fiscal Picardi.
