Será en una audiencia que tendrá lugar en tribunales y donde se evaluarán las medidas cautelares con las que transita el titular de la firma Moderno House.
Policías del grupo táctico mientras custodiaban el ingreso al domicilio del empresario cuando fue detenido en su casa del barrio Sargento Cabral.
La causa que investiga a un empresario imputado por estafas con casas prefabricadas en Santa Fe y la región tendrá este próximo martes una nueva audiencia en tribunales en donde se definirán dos temas cruciales.
Por un lado, se discutirá si 12 damnificados que tiene el caso pueden ser querellantes en la causa que encabeza el fiscal de Delitos Complejos, Federico Grimberg; y por otro, si el imputado Néstor Gabriel Segovia, titular de la firma Moderno House, sigue en libertad o transita la investigación penal con otras medidas cautelares, entre ellas, la prisión preventiva.
El mismo se encuentra imputado de estafas reiteradas tras ser acusado de haber acordado la construcción de viviendas prefabricadas, las cuales nunca se concretaron. Tal maniobra generó un fraude por 27.768.800 pesos, monto que podría ser superior al ser actualizado por la inflación.
Según la imputación, entre enero de 2021 y principios de junio de 2024, el imputado simuló la existencia de una empresa de construcción solvente y con capacidad operativa que tenía un local comercial ubicado en Facundo Zuviría al 6.600 en la capital provincial. A través de contratos, se comprometió a edificar viviendas de diferentes características, a sabiendas de que no tenía los medios para cumplirlo.
Cuando las personas demostraban interés en el negocio que él les proponía, acordaban señas en efectivo o mediante transferencias bancarias y esquemas de cuotas para saldar el total de la compra. En todos los casos, con el pago del 70% del contrato, la empresa debía comenzar a ejecutar la obra y finalizarla en un plazo de 90 días, situación que se llevó a cabo.
Según estableció la Oficina de Gestión Judicial de tribunales, para este martes está previsto que la jueza Celeste Minniti evalúe el pedido para que el abogado José Ignacio Chigal, que patrocina a doce víctimas, sea admitido como querellante.
Después de esa audiencia está previsto que se realice otra audiencia en donde se discutirá las medidas cautelares con las que transita Segovia la investigación tras quedar en libertad el pasado 18 de junio.
En aquel entonces, se dispuso que el empresario, asistido por los abogados Agustín Márquez y Esteban Yossen, transite la causa con medidas alternativas a la prisión: entre esas reglas se estableció que se presentara de manera quincenal ante sede judicial; que se le trabe un embargo de una Jeep Renegade y un Ford Fiesta que estarían a nombre de otra persona; se le inhiban los bienes por 50 millones de pesos; y que en el plazo de un mes presente una propuesta de resarcimiento para las personas damnificadas.
Dicha propuesta fue presentada justamente un mes después por Segovia, quien solicitó levantar la inhibición de los vehículos embargados y así, a partir de la ganancia, resarcir a los clientes que celebraron los contratos de construcción que nunca se ejecutaron.
En razón de ello, una de las querellas ya constituidas (son dos actualmente y una pretensa) solicitó que se revise la situación procesal de Segovia, por lo que se discutirá si transita en libertad o bajo otra medida más gravosa, como, por ejemplo, la prisión preventiva.
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