El crimen organizado en Rosario se transformó en un factor de poder. Y cuando quiere y lo desea provoca conmoción, sacude a la ciudad y a la clase dirigente, que desde hace más de una década fracasa en las estrategias de seguridad, aunque la mayoría de los jefes estén presos. Porque lejos de solucionarse, los problemas se agudizan en las prisiones.
Luego de la detención del Viejo Cantero, el fundador de Los Monos, aparecieron pintadas en Rosario en las que piden su liberación.
Ese estado de conmoción, fabricado sólo con violencia en manos de bandas rústicas y poco sofisticadas, plantea una situación perversa: que los malos se imponen. Eso queda sellado en el imaginario de la población, a pesar de que no sea del todo real. La respuesta del Estado fue hasta ahora insuficiente, sin avanzar en más de una década en una reforma de la policía, por ejemplo, parte esencial del problema.
Por eso, quizá impere ante el fracaso el silencio, la falta de debate. Los mensajes desde el plano político parecen ir a contramano. En la mesa de la junta de seguridad provincial se sentó el senador Armando Traferri, acusado de integrar una asociación ilícita, de la que nunca dio explicaciones al ampararse en la protección de sus fueros, y ahora enfrenta a dos fiscales como Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que protagonizaron investigaciones que rompieron la lógica de mirar más allá de los casos individuales para abordar un patrón de funcionamiento, con sus complicidades, en materia de crimen organizado.
Desde 2018, cuando Ariel Cantero, líder de la banda de Los Monos, planeó los ataques contra las sedes judiciales y las residencias de jueces buscaba un objetivo: generar pánico. Lo puso en práctica después de la decisión que había tomado la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con respaldo de la justicia federal, de trasladar a Guille de la cárcel de Piñero al penal federal de Resistencia.
Tres días antes de que se produjeron los primeros atentados, el 29 de mayo, dirigidos al juez Ismael Manfrín, referentes de la banda de Los Monos buscaban abrir una negociación con el poder político, que nunca prosperó. La consigna era simple: “Si se queda en Piñero bajan los homicidios, pero si lo trasladan habrá un baño de sangre”.
Esa última “metáfora” se materializó en más de 12 ataques contra blancos de la justicia entre mayo y agosto de ese año. Cantero conoció seis cárceles, cuatro federales y dos provinciales, y fue condenado en setiembre de 2021 a 22 años de cárcel. Sumó más de 90 años en total con las sentencias anteriores.
En el juicio, los jueces que fueron víctimas de estos atentados mantuvieron un perfil tan bajo, con testimonios casi telegráficos en las audiencias, sin contacto con los medios, que dejaron el terreno para que el propio Cantero se moviera a sus anchas, como cuando comenzó el juicio dijo que se dedicaba a “contratar sicarios para tirar tiros a jueces". Se burló en la cara de todos.
“Los hechos no reconocen precedente en nuestro país. En un lapso de 90 días se llevaron adelante doce ataques con armas de fuego. Ataques que no tuvieron como objetivo principal a personas, sino a las instituciones que estas personas representan como integrantes de un poder del Estado, y de ahí lo paradigmático. Un poder, el de la violencia y el miedo confrontando, desafiando y negando el poder del Estado, que no es otro que el de la sociedad en su conjunto”, afirmó con extrema claridad la jueza Hebe Marcogliese en la previa a la lectura del fallo, que condenó a Cantero y seis miembros de la banda.
La contracara de la actitud de los jueces que fueron víctimas de los ataques fue Marina Marsilli, funcionaria del Ministerio Público de la Acusación, que sufrió un ataque a balazos en su casa –donde también le habían dejado la cabeza de un perro en una caja- organizado por Esteban Alvarado, quien actualmente está siendo juzgado. Marsilli investigaba el patrimonio de Alvarado. Declaró durante tres jornadas en el juicio. “No lo dudé ni por un instante que era obra de Esteban Alvarado”, afirmó la funcionaria.
Alvarado había hecho una serie de maniobras, algunas de ellas bastante sofisticadas, para que culparan a Los Monos de ese atentado. Su objetivo, como el de Guille Cantero, fue generar pánico, temor, terror , ya no contra enemigos de otras bandas sino contra funcionarios que cumplían un rol clave en la justicia. A pesar de la gravedad institucional que arreciaba nada provocó sorpresa, ni siquiera en las máximas autoridades del Poder Judicial de Santa Fe.
En enero de 2020, en medio de una ola de crímenes similares a la de este mes, el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain planteó un concepto nuevo frente a lo que sucedía: "Hay una suerte de ejercicio de terrorismo urbano por parte de grupos criminales que fueron aliados históricos de la alta jerarquía de la policía". En ese momento, Guille Cantero había ordenado un ataque al casino de Rosario, donde murió de un balazo Enrique Encino, un hombre de 64 años, gerente del Banco Nación de Las Parejas, que fue alcanzado por una bala cuando fumaba en uno de los sectores habilitados.
Cantero había planeado un golpe más espectacular que no logró concretar, según describió en el juicio el fiscal Luis Schiappa Pietra. "Guille Cantero había orquestado ingresar un vehículo al estacionamiento subterráneo del casino, para incendiarlo y que explotara, generando así una situación de zozobra, para obtener luego un rédito: querían cobrar por brindar seguridad", señaló.
En medio de la campaña electoral de noviembre pasado se produjeron otros hechos que no tenían otro móvil que generar conmoción, como los ataques a las estaciones de servicio. Los empleados y dueños de las expendedoras de combustible llegaron a plantear que cerrarían porque no había condiciones para atender al público. Era una situación inédita. Se dispuso que efectivos policiales –patrulleros no alcanzaban- custodiaran las estaciones de servicio.
El mismo domingo de los comicios ocurrió otro atentado. Esta vez a la escuela 1194 Santa Isabel de Hungría, ubicada en Cafferata al 4000, donde la policía encontró siete vainas servidas. El fin de semana del 21 de noviembre, también fue baleado el restaurante El Establo, cuando estaba repleto de gente. Surgieron varias hipótesis en torno a estos ataques pero hasta ahora ninguna había terminado en una imputación.
Máximo Cantero, conocido como El Viejo, padre de Guille, fue detenido este miércoles en una casa en la entrada al barrio Vía Honda, uno de los más pobres y marginales de Rosario. Será acusado por los fiscales Valeria Haurigot y Fanco Carbone, de liderar una asociación ilícita. En su casa se encontraron pilas de cajas de alimentos del plan Cuidar, que distribuye la Municipalidad de Rosario. En el salón principal de la casa, ubicada en Avellaneda al 4500, la pareja de Cantero tiene un merendero, donde va a buscar comida mucha gente del barrio.
Una parte de los ataques los habría ordenado Patricia Contreras, expareja de El Viejo y madre de Guille Cantero, que pagaba por balear las estaciones de servicio. Se sospecha que el líder de Los Monos desde el penal de Marcos Paz podría haber delineado esa estrategia. En agosto le habían secuestrado los teléfonos fijos en la cárcel y había perdido esos beneficios. Esa puede ser una hipótesis. La otra, como ya se vio en varias causas, que alguien le haya encargado y pagado a Cantero para que genere estos episodios de pánico. ¿Quién podría haber sido? Nunca se detectó nada hasta ahora.
Dos días después de la detención de El Viejo aparecieron pintadas, con letras en colores azul y amarillo, que pedían la libertad del fundador de Los Monos. El grafiti profesional apareció en avenida Circunvalación, cerca de la zona de El Mangrullo, donde Cantero maneja el bufé de un club de pescadores. En ese lugar recibió en octubre pasado al músico L-Gante, distinguido por el Concejo Municipal de Rosario.
Se reforzó la sede de la Agencia de Investigación Criminal, donde está alojado Cantero, ante versiones de que se producirían ataques en ese lugar. El miércoles a la noche hubo un extraño tirotero, pero se explicó que se trató de un intento de robo a un agente de ese cuerpo.
Frente a todos estos hechos, en los que sectores del crimen organizado buscan generar un impacto cada vez mayor, el poder político, no sólo el gobierno sino toda la clase dirigente, trata de mirar para otro lado, y descansa sobre un problema cada vez mayor: la naturalización de situaciones de extrema violencia, como mostró el mes de abril, en el que hasta el viernes las cifras de homicidios rompieron todos los récords. Es el mes más violento de los últimos nueve años. En 29 días se produjeron 35 asesinatos, la mayoría ejecutados por sicarios.
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