Investigadores y peritos de la Agencia de Investigación Criminal buscan establecer por estas horas si alguna de las cuatro armas que fueron secuestradas en un allanamiento realizado durante el miércoles fue la que se utilizó en el homicidio de Diego Mustafá, ocurrido el 6 de julio en la zona sur de Sauce Viejo.
Armas y municiones, el resultado del allanamiento a la casa del sospechoso.
Se trata de tres revólveres de similares calibres y una pistola que fueron hallados en el interior de una casa ubicada sobre las calles 18 y 51 del denominado asentamiento La Barranquera de Sauce en donde reside Ramón Raúl P., el padre del principal sospechoso que tiene la causa que investiga el asesinato y que encabeza el fiscal Estanislao Giavedoni.
Por ese secuestro, el dueño de la vivienda fue llevado este jueves a tribunales e imputado por “tenencia indebida de arma de fuego” en el marco de una audiencia presidida por el juez Héctor Gabriel Candioti y de la que además participó el defensor oficial Gustavo Durando del Servicio Público de la Defensa Penal.
En dicha audiencia, Ramón Raúl P. se abstuvo a prestar declaración y permanecerá detenido hasta por lo menos el viernes cuando se discuta bajo que medida cautelar transite la causa judicial que ahora lo tiene imputado.
Las armas por su parte quedaron a disposición de los peritos de la AIC que deberán establecer próximamente si alguna de las armas secuestradas es compatible o no con uno de los proyectiles secuestrados en la cabeza de Mustafá.
En paralelo a esos peritajes, la Fiscalía libró un pedido de captura para dar con el hijo de Ramón Raúl P. sobre quien recaen todas las sospechas de haber participado en el asesinato que terminó con el narcotraficante muerto luego de recibir tres balazos en la cabeza en la intersección de las calles 14 y 1 del barrio Tembe I Porá de la localidad costera.
El cadáver fue hallado por agentes del Comando Radioeléctrico de esa jurisdicción. Estaba boca arriba, junto a su Ford Focus, en medio de un reguero de sangre y sin su teléfono particular.
Su muerte se dio mientras afrontaba una causa judicial por lavado de activos que debía llegar a juicio en el Tribunal Oral Federal y que había sido impulsada por el fiscal federal Gustavo Onel a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe.
La investigación de ese entonces apuntó a la cantidad operaciones de compra y venta de vehículos entre 2012 y 2017, que realizó Mustafá pese a que en la Afip no registraba actividad económica, tampoco tenía una vivienda a su nombre y mucho menos registraba una cuenta bancaria.
La causa reveló además que el narcotraficante adquirió el 29 de agosto del 2016 un Volskwagen Vento 2.5 (modelo 2016), tipo sedan, por un valor de $464.000; el 29 de enero del 2014, un cuatriciclo marca Gilera (modelo 2014); y el 4 de septiembre del 2014, una Honda XR 250. A su vez, se encontraba registrado como quien compró el cien por ciento de otro vehículo, un Toyota Corolla (modelo 2014), por $230.000 y que luego vendió el 20 de febrero del 2015.
La lupa de la Justicia también apuntó a Carina Verónica Mustafá, la hermana de Diego, quien para los investigadores del caso cumplió un posible rol de “testaferro” de los bienes adquiridos por su hermano entre 2011 y 2016. Es que, según reveló el expediente judicial, la mujer siendo monotributista y teniendo un local de ropa obtuvo numerosas propiedades: en 2008, una ubicada en calle La Paz al 4700; en 2009, en Cochabamba al 4600; en 2011 una casa en Primera Junta al 3800; y cuatro lotes que fueron adquiridos en 2007 y 2015 en la comuna de Arroyo Leyes.
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