Este miércoles, oficiales y suboficiales de la Policía Federal Argentina -Investigaciones Especiales- allanaron e irrumpieron en una vivienda ubicada en calle Irigoyen Freyre al 3200, de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación por el presunto delito de defraudación. La orden de allanamiento fue librada por la jueza federal de la ciudad de Buenos Aires, María Alejandra Provítola, que investiga el delito. Sobre el resultado del allanamiento, s einformó que se dispuso la identificación de personas y el secuestros de elementos probatorios e incriminantes que fue trasladado a la Jefatura de Investigaciones Especiales de Policía Federal Argentina. Los oficiales, además, dieron conocimiento de lo actuado a la jueza Provítola, quien ordenó que todos los elementos incautados tuvieran una férrea cadena de custodia y sean trasladados a esa sede de la magistratura federal.
La Policía Federal allanó una vivienda ubicada en calle Irigoyen Freyre al 3200, de la ciudad de Santa Fe,
Según pudo saber AIRE, los implicados en la causa son 16 personas pero se detuvo a nueve. En cuanto a la cantidad de damnificados, se dijo que son, al menos, 800 y la cantidad de ilícitos fueron 894. También se secuestraron 13 autos, además de celulares, notebooks, netbooks, armas, sillas gamer, documentación de sociedades, de prestanombres, pesos, dolares, máquinas de contar plata, anotaciones, droga para consumo personal.
La causa
Se investiga una asociación ilícita con permanencia en el tiempo y división de roles y funciones, que habría operado desde los meses de abril de 2021 hasta la actualidad en el ámbito de la República Argentina en principio, conformada, al menos, por 16 personas destinada a cometer delitos indeterminados cuanto menos contra el orden público; la propiedad y el orden económico y financiero.
Esta organización de carácter estable, con permanencia temporal y estructura funcional se creó con la finalidad de defraudar a diferentes personas por intermedio de redes sociales, obteniendo a raíz de sus actividades un rédito económico superior a los ocho millones de pesos en moneda corriente, a raíz de diferentes perjuicios que se perfeccionaron en al menos 894 oportunidades.
La actividad consistía en la comisión de estafas que se ejecutaban a través de cuentas creadas en las redes social “Instagram” y de tiendas virtuales. A partir de publicaciones engañosas, simulaban vender diversos productos que nunca eran entregados a los compradores (tales como, por ejemplo, mobiliarios de decoración para el hogar; sillas tipo “gamer”; zapatillas; entradas para espectáculos o conciertos; entre otros), pese a que éstos realizaban los pagos correspondientes por diferentes medios. Estos pagos que en su mayoría eran realizados a terceras personas, eran luego en casi todos los casos dirigidos hacia cuentas de los investigados o bien a cuentas estrechamente vinculadas a ellos; ya sea por vinculaciones de IP de las cuentas, por las cuentas bancarias receptoras, por los correos electrónicos asociados o por los teléfonos celulares vinculados, según el caso.
En particular, dentro de la organización, entre los imputados se dividieron sus funciones y roles según su respectiva intervención.
Las cuentas que hasta el momento se ha establecido que habrían sido creadas y utilizadas por los imputados con los presuntos fines defraudatorios mencionados son al menos 40.
Para perpetrar su accionar a lo largo del tiempo, las cuentas y tiendas iban mutando, conservando similitudes tanto en los productos ofrecidos, las ofertas publicadas, el “look and feel” de la tienda, como en las cuentas bancarias utilizadas para receptar los pagos o en las cuentas de correo electrónico utilizadas para crear las tiendas o bien pagar el servicio de la tienda web; las cuales casi en su totalidad estaban vinculadas de una forma y otra con los aquí denunciados -ya sea por correos asociados, domicilios, teléfonos o direcciones de IP- o incluso en ciertos casos eran directamente utilizadas y manejadas por ellos mismos.
El funcionamiento de la asociación era la siguiente: gracias a la gran difusión que permiten las redes sociales, como Facebook e Instagram, los miembros de la misma publicitaron las tiendas web por ellos creadas (en su mayoría tiendas nubes como las administradas por Shopify) a fin de captar clientes. Una vez que el particular accedía a la tienda web y efectuaba el pago por un producto (ya sea con tarjeta de crédito o transferencia directa a cuentas bancarias o billeteras virtuales), la comunicación con el vendedor de la cuenta de Instagram o de la tienda web cesaba o bien se interponían todo tipo de excusas -en el mejor de los casos-, y el producto adquirido nunca era entregado.
En los allanamientos intervino la fiscalía de ciber delincuencia de Horacio Azzolin, la fiscalía de Pedro Zoni, este juzgado, y en Investigacion la Dufie de la policía Federal Argentina.
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