El diputado provincial por la UCR, Maximiliano Pullaro, fue admitido como querellante este viernes en el marco de la causa que investiga por presunto espionaje ilegal al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain y una serie de exfuncionarios de la cartera. La medida fue dispuesta por la jueza penal Susana Luna luego de una audiencia que tuvo lugar en tribunales.
Maximiliano Pullaro, pidió ser querellante y tener acceso a la investigación que encabezan dos fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalLa admisión fue luego de un pedido que realizó el abogado del legislador, Pablo Cococcioni (el exdirector de Asuntos Penitenciarios de la provincia) en una audiencia de la que también participaron los fiscales del caso, Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, el fiscal de Estado Ruben Weder, que ya es querellante, y los defensores Juan Lewis, Augusto Martínez y Nicolás Mosconi (de la defensa pública).
En su fallo, la jueza sostuvo que no hay ningún motivo para que Pullaro no sea admitido como parte de la investigación, tal como pidieron los abogados de un grupo de exfuncionarios que se opusieron a que el diputado sea querellante.
Es que según dijo el abogado Lewis no se han ventilado hasta el momento “precisiones fácticas” que coloquen a Pullaro como víctima del caso. “Un artículo periodístico no puede ser pretendido como argumento para constituirse como querellante”, dijo al respecto sobre una nota que utilizó el diputado provincial como fuente para argumentar que se encontraba en una lista de personas espiadas.
El otro que también se opuso fue el abogado Martínez (que asiste a Sain) quien consideró como “prematuro” que Pullaro sea querellante en la causa tras sostener que podría llegar a ser imputado en algún momento de la investigación debido a que las bases de datos, de donde supuestamente se sacó la información para crear “perfiles”, fueron implementadas durante su gestión como ministro de Seguridad. En esa línea, el abogado le pidió a la jueza “que no permita que el aparato jurisdiccional (la Justicia) sea utilizado con fines políticos ante una eventual candidatura”, en clara alusión a si Pullaro utilizará la presente causa para construir los cimientos de una hipotética campaña. En tanto, el defensor Mosconi adhirió a gran parte de los planteos de sus pares y solicitó el rechazo.
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Desde la otra vereda, los fiscales le retrucaron a los defensores con una serie de datos vinculados a la causa sobre cómo se habría gestado el “perfilamiento” de Pullaro durante la gestión de Sain. De hecho, indicaron que fueron consultadas bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones sobre los movimientos migratorios que tuvo actual diputado provincial.
A su vez, indicaron que en la inspección a la sede de Seguridad en Rosario, el 26 de noviembre del 2021, fue hallada en una de las oficinas transcripciones sobre las conversaciones que mantuvo Pullaro con el exjefe de drogas del sur provincial, Alejandro Druetta (condenado a 10 años de prisión por integrar una banda narco), las cuales, presumen los fiscales, fueron luego filtradas "para perjudicar al legislador". No obstante, destacaron, en base a entrevistas, que “Sain pidió que se lo perfile”.
Los fiscales también indicaron que cuando fue inspeccionada la oficina del exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas, se encontró un pen drive en el cual había un documento titulado "designaciones" y cuyo contenido hacía referencia a un funcionario del Ministerio Público de la Acusación, el cual mantenía estrechos vínculos con Pullaro, como así también de otra funcionaria a la cual se la colocó como quien tenían una "muy intima relación" con el legislador.
"Toda esta información hizo que la Fiscalía adoptara esta postura en cuanto a considerarlo al señor Pullaro como víctima de esta actividad ilegal" , resaltó durante la audiencia la fiscal Jiménez, jefa del área de la Fiscalía de Delitos Complejos.
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