A un mes del juicio, vuelven a rechazar cuatro pedidos de probation en la causa Bolsafe

El pedido fue requerido por María Lorena Molinas, Daniela Reatti, Marisa Laura Valdez y Patricia Lorena Berrino, las cuales por medio de los defensores públicos, Mariano Rosatti y Mariana Rivero, volvieron a solicitar realizar tareas comunitarias y así quedar fuera del debate en el cual se encuentran imputadas de haber participado de una “administración fraudulenta” que desapoderó a 408 ahorristas de sus bienes y que generó un perjuicio patrimonial superior a los 250 millones de pesos.

En sus pedidos Valdez y Berrino ofrecieron, a modo de reparación, realizar tareas comunitarias en la copa de leche a la que asisten los niños de la Escuela N° 76 “Camila C. Ballarini” por tres horas semanales, durante un plazo de dos años. En el caso de Reatti, la mujer ofreció colaboración en Cáritas Parroquial de la Parroquia Jesús Sacramentado por seis horas semanales, mientras que Molinas seis horas semanales (tres los jueves y tres los viernes) durante el plazo de dos años en la fundación “Manos Abiertas” de Santa Fe.

Dichos pedidos no son nuevos, sino que en 2019 causaron un fuerte chispazo entre los abogados querellantes, Leandro Corti, Carlos Reyna y Enrique Muller con el fiscal general Martín Suárez Faisal ya que este último dio el aval para conceder las probation en el marco de la causa. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y ordenó que todas las personas imputadas vayan a juicio.

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Por ese antecedente, los abogados de las cuatro imputadas plantearon que el nuevo ofrecimiento de tareas comunitarias no es una “reedición” del pedido anterior, sino que tiene un fundamento diferente. En este sentido, los letrados remarcaron que sus cuatro asistidas carecen de antecedentes penales y que en caso de ser condenadas la pena podría llegar a ser de ejecución condicional.

Además, sostuvieron que la investigación no contempló a las imputadas como víctimas, “ya que, por ser mujer y su situación de vulnerabilidad, fueron elegidas para realizar un trabajo como mero elemento fungible, sin mayor formación en el negocio que llevaba adelante el responsable de la defraudación”. En esa línea, Rivero y Rosatti pidieron al tribunal que resuelva con desde una “perspectiva de Derechos Humanos con enfoque de género”.

El planteo de la defensa fue luego corrido a la Fiscalía General que en esta oportunidad rechazó el pedido de suspensión de juicio a prueba. No obstante, lo mismo hicieron los abogados querellantes de la causa.

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Al momento de resolver, el juez Escobar Cello consideró que hasta este momento de trámite de la investigación no se vislumbraron estas circunstancias puedan ubicar a las cuatro imputadas en una situación de víctima o de vulnerabilidad por su condición de género. “Ello no obstante eventualmente pueda ser ventilado y acreditado durante el debate del juicio oral y público”, aclaró el magistrado en su resolución.

“Sumado a ello, tampoco se evidencian nuevos elementos de hecho o de derecho que permitan modificar el criterio sostenido por este tribunal al resolver idéntica petición en fecha 25 de julio de 2019”, remarcó Escobar Cello tras hacer hincapié en el primer pedido de probation que fue realizado dos años antes.

A la espera

La emblemática causa Bolsafe Valores, que desde hace cuatro años se encuentra radicada en el Tribunal Oral Federal, espera concretar el inicio del juicio el próximo 2 de septiembre. Dicho debate había sido fijado para tener su inicio este 4 de agosto, pero ante la jubilación de la jueza María Ivón Vella, la cual iba a ser parte del tribunal de jueces, la fecha se modificó.

En lugar de Vella, fue convocado el juez de la ciudad de Rosario, Germán Sutter Schneider, el cual formará parte del tribunal de magistrados a lo largo del debate.

En el banquillo de los acusados deberán estar sentados los nueve imputados que tiene la causa que supo instruirse en la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Walter Rodríguez, y de la que también participaron los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta.

Se trata del contador Mario José Enrique Rossini, el abogado Omar Santos Francisco Rossini, la contadora María Mercedes Leiva y las empleadas de la firma que supo funcionar en San Jerónimo y Juan de Garay: Marisa Laura Valdez; Carolina Fany Pavarin; Daniela Laura Reatti; Patricia Lorena Berrino; María Lorena Molinas; y Miriam Analía Sabella.