La desaparición de Mónica Aquino y los múltiples interrogantes que se generan sobre cuál pudo ser su paradero, no es la primera que se registra en la ciudad de Santa Fe. Catorce años atrás ocurrió un caso similar que, al igual que con Mónica, tuvo también como trasfondo la explotación sexual en las calles santafesinas.
Natalia Acosta. Su paradero sigue siendo una incógnita.
Se trata del caso Natalia Acosta, la joven oriunda del barrio Centenario, vista por última vez el 29 de mayo de 2009 en la esquina de Suipacha y 25 de Mayo en donde ejercía la prostitución bajo el control e influencia de quien era en ese entonces su pareja.
La chica de 21 años, desde entonces, se encuentra desaparecida y su caso atravesó juzgados, fiscalías y sedes gubernamentales. Inclusive, pasó de tramitarse en la Justicia provincial (en donde no hubo grandes avances) a la federal tras considerar que la mujer pudo haber sido entregada a una red de trata de personas.
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Por la causa, supo ser detenido y procesado Osvaldo Gabriel Cerri, un viejo puntero político del barrio Guadalupe y cliente del viejo club nocturno de la peatonal, Místico, que fue clausurado en 2016 en el marco de una investigación realizada por la Agencia de Trata de Personas de la entonces Policía de Investigaciones.
La detención de Cerri, en noviembre del 2017, fue ordenada por el fiscal federal Walter Rodríguez, que pidió la indagatoria del santafesino tras considerar que buscó a Acosta aquella 29 de mayo por la parada en donde la joven ejercía la prostitución. A partir de allí, nada más se supo sobre la mujer.
Según el fiscal, el entonces acusado captó la voluntad de Acosta mediante el abuso de su situación de vulnerabilidad, engaño y coerción física –cuyos efectos se mantienen hasta la actualidad–, con fines de explotación sexual; agravado por haberse detectado una planificación pluriofensiva contra una cantidad indeterminada de víctimas, necesariamente superior a tres personas.
Cerri fue luego procesado por el delito de trata de personas en la modalidad de captación por el juez federal Francisco Miño que ordenó su encierro preventivo en la cárcel de Las Flores hasta que la causa llegara a la instancia de juicio en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
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En medio de la investigación, y a pedido del fiscal Rodríguez, el juez Miño autorizó a que se realicen excavaciones en la vivienda donde vivía Cerri (General Paz 7357) con el objetivo de encontrar elementos que permitieran establecer si el cuerpo de Acosta podría haber sido enterrado en el lugar ante un posible femicidio.
La causa de todas maneras tuvo un traspié a raíz del fallecimiento de Cerri, el 13 de abril del 2019, en la cárcel de Las Flores. Dicha muerte fue a partir de un paro cardiorrespiratorio, según informó en aquella oportunidad el Servicio Penitenciario de Santa Fe.
Tras la muerte del único detenido que tuvo la causa, el fiscal Rodríguez solicitó el archivo de la causa y además pidió la reparación económica a la familia y que continúe la búsqueda.
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