Marcelo “Chajá” Ferreyra está preso desde 1995, condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios y un abuso sexual infantil perpetrado en Recreo. A fin de mes, la justicia santafesina deberá decidir si le otorga salidas transitorias a Ferreyra, cuando se cumplen 28 años de los cruentos crímenes cometidos por el "Chajá".
La Oficina de Gestión Judicial fijó la audiencia para el lunes 27 de noviembre a las 10 de la mañana y será presidida por el juez Martín Torres.
La representación de Ferreyra, de casi 60 años, recayó en la defensora pública Andrea Alberto, mientras que aún no se confirmó qué fiscal intervendrá por parte del MPA; puede ser Eladio García, Marcelo Fontana o Cristina Ferraro, quienes tienen a su cargo las audiencias de ejecución de condena.
Masacre de Recreo
El 12 de diciembre de 1995, el “Chajá” Ferreyra asesinó a una mujer embarazada, a cuatro de sus hijos y violó a Claudia, su otra hija de 14 años. El hecho recorrió el país bajo el nombre de “la masacre de Recreo”.
Días antes de la masacre, el 1 de diciembre, Ferreyra se había fugado de la cárcel de Las Flores: “El Chajá” accedió a las llaves que le permitieron franquear con asombrosa facilidad las puertas de salida del penal.
Desde un comienzo la fuga fue sospechada de haber sido facilitada en función de la doble condición de Ferreyra de delincuente y colaborador de la policía.
El 12 de diciembre de 1995 Ferreyra, ingresó en la casa 21 del Barrio Hipotecario de Recreo y asesinó a puñaladas a Nélida Susana Toledo de Vega, quien estaba embarazada de siete meses, y sus hijos Alberto, de 11; Daniel, de 10; Sebastián, de 8; y Cristian, de un año y medio de edad.
A la hija mayor, Claudia Guadalupe Vega de 14 años, la golpeó salvajemente y la violó antes de irse a dormir.
Supuestamente, el móvil por el que Ferreyra masacró a la familia entera, habría sido por la resistencia de la madre de entregar a su hija mayor para que el malviviente la explotara prostituyéndola.
La demanda civil fue iniciada por la joven en 1997 y seis años más tarde la Justicia consideró que el Estado santafesino era responsable haber incumplido con su deber de custodiar al preso. En aquel momento, el monto indemnizatorio se fijó en 550.000 pesos.
“El Chajá” tenía 30 años y estaba condenado a pasar 18 de cárcel por robos, portación de arma de guerra y violaciones. Por el múltiple crimen fue devuelto a prisión y más tarde condenado a perpetua. Su último destino fue una cárcel, considerada de máxima seguridad, en la provincia de Chaco.
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