Osvaldo Ramón “El Viejo” Salva, policía retirado de la provincia de Santa Fe, condenado por tenencia de estupefacientes y a la espera de ser juzgado otra vez por narcotráfico, puede sumar una nueva causa en su contra: el fiscal federal nro. 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solictó al juzgado que sea indagado por el delito de lavado de activos agravado.
En el pedido del fiscal se suman también la esposa de Salva, Estela María Castillo, el hijo de ambos y su pareja: Eric Salva y Yamila Lezcano, y dos escribanos de la ciudad que comparten el mismo nombre: Alberto José Ramos Mexia.
Rodríguez solicitó que la familia Salva sea indagada como autores del delito de de lavado de activos agravado por habitualidad, mientras que los escribanos lo sean como autores del delito de lavado de activos agravado por actuación en ejercicio de funciones notariales. El fiscal solicitó también que sean embargados los automóviles y los inmuebles que sustentan la investigación.
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Lavado
En su escrito, el fiscal sostiene que Salva y Castillo pusieron en circulación activos provenientes del comercio ilícito de estupefacientes, que ellos mismos perpetraron, para que adquieran apariencia lícita, en el período comprendido entre el 21 de junio de 2011 (cuando entró en vigencia la ley) y mayo de 2019.
Rodríguez precisó que el matrimonio logró convertir el dinero de origen ilícito a través de su intercambio por diecisiete vehículos (algunos de mediana y alta gama) y ocho inmuebles: cinco en la zona de barrio Barranquitas, uno en Sauce Viejo, uno en Rincón y uno en Colastiné. Algunos de los inmuebles fueron adquiridos en sumas superiores al millón de pesos, y abonados en efectivo.
La maniobra de lavado se concretó también a través de la venta de algunos de estos bienes: once de los automóviles, y la vivienda de Rincón. En relación a esto, los investigados también disimularon la verdadera condición de propietarios de diez de los automóviles, y de los inmuebles, detalló el fiscal.
En cuanto a Eric Hernán Salva, hijo de los principales investigados, la Fiscalía le atribuye haber sido parte de las maniobras de lavado llevadas a cabo por sus padres, como "testaferro" o "prestanombre", para la adquisición de nueve de los vehículos y de seis de los inmuebles. También fue prestanombre para la venta de los seis automóviles y la vivienda de Rincón.
Por último, a quien fuera pareja de Eric Salva, Yamila lezcano, el fiscal le imputa haber prestado su nombre en la venta simulada de uno de los automóviles, que estaba registrado bajo la titularidad de Eric Salva como testaferro de sus padres, con el fin de disimular la condición de propietarios de los antes nombrados.
Los escribanos
En cuanto a la participación de los escribanos en la maniobra atribuida a los Salva, el fiscal Rodríguez detalló que realizaron “el aporte criminal necesario en las maniobras de lavado de activos llevadas a cabo por Salva y Castillo, consistente en suministrar asesoramiento profesional y la prestación de servicios notariales para la adquisición con fondos de origen ilícito, y la disimulación de su carácter de propietarios, recurriendo a Eric Hernán como prestanombre”.
En este sentido el fiscal precisó que se dan todos los requisitos para el llamado a indagatoria de todos los nombrados: el delito precedente generador de los activos ilícitos, que es el comercio de estupefacientes llevado a cabo por el matrimonio Salva. Segundo: tiene por acreditado que los recursos para adquirir los bienes provienen del narcotráfico y no de otras fuentes, lo cual se infiere de la insuficiencia de sus ingresos de origen; Tercero: todos los imputados conocían o se habrían representado que los recursos aplicados tenían origen criminal.
Dinero del narcotráfico
El fiscal Rodríguez repasó en su petición los vínculos de Salva y Castillo con el narcotráfico, como su principal fuente de ingresos. En septiembre de 2017 ambos fueron condenados como autores del delito de tenencia de estupefacientes a cuatro años de prisión.
En tanto, los dos también se encuentran vinculados en la causa Baigoría, a la espera de juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. En dicha causa, se precisó que Salva y Castillo fueron parte de la organización criminal liderada por Edgardo Baigoría y Emanuel Gonzalez. Además, en el allanamiento realizado el 4 de abril de 2018 en la vivienda de pasaje Irala se les secuestró 1197,19 gr. de cocaína. En las mismas actuaciones se comprobó que el matrimonio contaba con la cobertura policial de Damian Perro Sosa, agente de la Gendarmería Nacional.
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En tanto, se pudo precisar por lo informado por AFIP que Salva se encuentra registrado como prestador de "Servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises". Actualmente es jubilado de la policía, actividad de la que se retiró en 2012. Rodríguez aludió a la declaración indagatoria de fecha 3 de septiembre de 2018, en la que Salva manifestó que sus ingresos mensuales asciendía a ocho mil o nueve mil pesos, más las changas que hacía en el taller mecánico de su hijo Eric, ubicado en Bulevard Pellegrini 3700.
En tanto Estela Castillo figura registrada con la misma actividad que su esposo. En su indagatoria dijo desconocer de cuánto son sus ingresos porque ella vive de lo que genera el taller mecánico de su hijo, y de haber vendido las habilitaciones de remises que poseían.
Por último, Eric Salva era la "cara visible" para llevar a cabo las actividades comerciales que en los hechos eran gestionadas por los padres. Inscrito como Monotributista categoria G al año 2016, registró las siguientes actividades: servicio taxis remises; servicio de expendio de bebidas en bares (2014-2016); instalación y reparación de equipos de GNC desde marzo de 2016; servicios inmobiliarios propios o arrendados desde junio 2017; servicios sociales sin alojamiento desde 2017.
En definitiva, Rodríguez detalló que al cotejarse el patrimonio del círculo familiar Salva con los ingresos lícitos detallados, “queda demostrado que estos últimos resultan insuficientes para justificar la adquisición de los bienes enumerados en la presente”; además concretaron viajes, compraron moneda extranjera, constituyeron tres plazos fijos por sumas cercanas a los tres millones de pesos...
Conocimiento del origen ilícito
Para el fiscal es claro que Salva y Castillo conocen el origen ilícito del dinero, ya que provenía de la venta de estupefacientes que ellos mismos realizaban. Es por esto que ellos son imputados como "auto lavado" de activos.
En cuanto a la situación del hijo Eric, si bien no está probado que él haya participado de la maniobra de narcotráfico perpetrada por sus padres, es razonable afirmar que tenía conocimiento, dado el vínculo familiar que los une, y que además es de relación estrecha y cercana. Yamila Lezcano, en tanto, era pareja de Eric, por lo cual debía conocer que sus suegros carecían de una fuente generadora de ingresos lícitos suficientes, entendió Rodriguez.
En cuanto al conocimiento que pudieran tener los escribanos del origen ilícito del dinero de los Salva, si bien ellos tampoco participaron de la maniobra de narcotráfico, “hay indicios suficientes de que actuaron a conciencia de que el dinero de la familia Salva era de origen ilegal”, remarcó Rodríguez. Eric utilizó los servicios de ambos escribanos a fin de escriturar la compraventa de tres inmuebles en los años 2013, 2015 y 2018, en el caso del padre; y un inmueble del 2017 en caso del segundo.
Precisa Rodríguez que Ramos Mexia padre intervino en adquisiciones de tres inmuebles:
En el año 2013 en una operación por la que Salva abonó 350 mil pesos en el acto; en el año 2015 se concretó una operación por la que se abonaron 750 mil pesos, siendo 525 mil abonados en el acto y por último en 2018 por $1.100.000 abonado en efectivo en el acto.
En cuanto a Ramos Mexia hijo, intervino en la adquisición de un inmueble en el año 2017 por la suma de $2.200.000, cuya modalidad de pago se desconoce porque la información no fue aportada a la causa.
En relación a esto, los escribanos son por ley obligados a informar a la Unidad de Información Financiera toda operación sospechosa. La resolución emitida por la UIF precisa que los profesionales deben analizar los actos de contenido patrimonial, determinar el perfil transaccional de cada requirente e identificar las operaciones que se apartan del perfil transaccional. lo dispuesto por la UIF realiza un apartado especial a la compraventa de inmuebles, en la que precisa que si la operación es realizada en efectivo por un monto superior de 200 mil pesos o 400 mil a partir de 2016 deben ser especialmente valoradas.
En tanto, en el informe remitido por la UIF al 23 de enero de 2020 no se desprende que los Salva hayan sido reportados ante el organismo, precisó el fiscal.
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Maniobra
Por último, el fiscal resumió que Salva y Castillo convirtieron el dinero de fuente ilícita a través de su intercambio por los 17 rodados y los 8 inmuebles: entre el mes de noviembre de 2003 y febrero de 2007 el matrimonio incorporó a su patrimonio nueve vehículos. El 3 de marzo de 2007 “se produjo el acto bisagra para la historia judicial de los imputados pues a partir de allí se desprendieron de todos los vehículos que registraban, y luego del 2011 apelaron a la intervención de su hijo, para que este incorpore a su nombre nuevos bienes: seis inmuebles y nueve vehículos, y mediante su inscripción como titular de la venta de habilitaciones de remises y taller pueda justificarlos”.
En tanto los escribanos habrían suministrado la estructura notarial y el asesoramiento profesional idóneo para que los salva y su hijo como prestanombre introduzcan en el mercado dinero proveniente del narcotráfico bajo una apariencia lícita, produciendo actos de relevancia jurídico penal sin los cuales esos concretos hechos no hubiesen podido desarrollarse.
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