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Santa Fe Paritarias | Pablo Olivares | ATE

Paritarias en Santa Fe: las posibilidades que evalúa el Gobierno para destrabar el conflicto salarial

Pasada la instancia de medidas de fuerza de docentes y médicos y luego de haber escuchado a los representantes de la administración estatal, los funcionarios de Economía trabajan contrarreloj para presentar una nueva oferta el próximo lunes. El problema sigue siendo cómo combinar las necesidades de los trabajadores con los recursos de la Provincia en un contexto de recortes de parte de Nación.

La semana termina, pero el conflicto entre el Gobierno de Santa Fe y los trabajadores públicos continúa abierto. A más de dos meses de haberse iniciado las conversaciones paritarias para actualizar los salarios, las partes no lograron ponerse de acuerdo.

Pasadas las instancias de paro que realizaron los docentes y médicos, luego de haber escuchado a los pedidos de ATE y UPCN, la pelota quedó otra vez en cancha del gobierno de Maximiliano Pullaro.

Con 48 horas de paro docente lanzadas por Amsafé y Sadop para el martes 26 y miércoles 27, el cuarto intermedio que el Gobierno acordó con los representantes de la administración central resultó un alivio.

En la previa al encuentro ya habían dejado claro ante los medios de comunicación que la oferta no satisfacía las necesidades. Así evitó sumar volumen a los reclamos y ganar algo de tiempo. En este contexto, cada día suma.

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En un escenario de recortes de partidas que dispuso el presidente Javier Milei a todas las Provincias avanzar en las discusiones de actualización salarial aparece muy dificultoso para todas las jurisdicciones, explican voceros de Casa Gris y reconocen gremialistas.

Así, por ejemplo, mientras Provincia realizó ofertas de incremento salarial, al mismo tiempo Nación eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Plan 25 de extensión horaria, que representó una pérdida directa de 40 mil pesos en promedio para los maestros.

Las posibilidades que evalúa el Gobierno para destrabar el conflicto salarial

De cara a la reunión del próximo lunes, el Ejecutivo trabaja en afinar detalles de la propuesta que contenga dos premisas: incorporar al básico el porcentaje de aumento que en primera instancia ofreció como no remunerativo y no bonificable, y por otro lado, sostener el compromiso de reuniones mensuales.

Desde el Gobierno se mostraron receptivo al pedido que trasladaron los sindicatos respecto a incorporar el 7.5% al salario básico. Aunque no lo confirmaron, se comprometieron a explorar la posibilidad teniendo en cuenta la evolución de los recursos provinciales y el monitoreo de la inflación.

La evaluación es acerca de cómo implementarlo: si alcanza a todas las categorías o se va hacia un esquema de incremento escalonado.

"Se han puesto a disposición las posibilidades de hacerlo, la flexibilidad de aplicarlo de manera tal que llegue de la mejor forma al bolsillo del trabajador, las distintas particularidades que tiene hacia dentro del escalafón de la administración pública. Y por eso nos llevamos la tarea de ver distintas posibilidades de cómo componer un incremento para el mes de marzo", indicó el ministro de Economía, Pablo Olivares luego de la reunión.

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Por otra parte, a partir del alto proceso inflacionario y la imposibilidad de proyectar incrementos salariales a largo plazo, Provincia aceptó la idea de sostener la frecuencia mensual de las reuniones. Casi en estado de asamblea permanente, gremios y funcionarios monitorean la evolución de los precios.

Por "la imprevisibilidad que estamos teniendo en términos de recursos, lo que hemos planteado es la posibilidad de abordar incrementos que vayan recomponiendo el salario de manera mensual, sin tener que andar definiendo plazos largos que puedan jugar en contra de la expectativas de unos y de las posibilidades del otro", comentó el Ministro.

Respecto al futuro de los recursos en Casa Gris apelan a la cautela. Celebran la merma que registró la inflación en febrero, pero ponen reparos respecto a la sostenibilidad en el tiempo, la brecha cambiaria y los tiempos que demande la reactivación económica.

Existe una fuerte preocupación por la paralización de la obra pública, los despidos en el sector y la estrepitosa caída del consumo. A su vez, balancean entre el perjuicio que traerá aparejado la apertura de importación en algunos productos de la canasta básica y la posibilidad de incrementar recaudación mediante el IVA sobre tarifas.