La política de constantes aumentos tarifarios en los servicios públicos, que llevan adelante tanto el gobierno nacional como la administración provincial, viene envuelta en una retórica que es más vieja que la injusticia que provoca.
Como suele ocurrir una y otra vez, el discurso no tiene anclaje cierto en la vida cotidiana de los usuarios que padecen los tarifazos, sostiene Marcos Corach.
Por Marcos Corach (*)
La política de constantes aumentos tarifarios en los servicios públicos, que llevan adelante tanto el gobierno nacional de Javier Milei como la administración provincial de Maximiliano Pullaro, viene envuelta en una retórica que se presume novedosa, pero que en realidad es más vieja que la injusticia que provoca.
“Era necesaria una actualización después de años de atraso”, “las empresas estaban quebradas y no podían hacer ni siquiera mantenimiento”, “el populismo le hizo creer a la gente que no tenía que pagar por lo que consume” y otras frases tan estruendosas como vacías.
Como suele ocurrir una y otra vez, el discurso no tiene anclaje cierto en la vida cotidiana de los usuarios que padecen los tarifazos. Pero tampoco en el funcionamiento real de las prestadoras. Hay ejemplos que hablan por sí solos.
Con fecha 12 de agosto de 2024, el gobernador firmó el decreto Nº 1271 que amplía el presupuesto de Aguas Santafesinas SA en $36.579.714.838. ¿De dónde surgen esas más de tres decenas de miles de millones de pesos? De los brutales aumentos en las tarifas que pagan los ciudadanos de las 15 ciudades de su área de servicio y, de manera indirecta, los usuarios de cooperativas y municipios que tienen a la empresa provincial como proveedora mayorista.
Ahora bien, ¿en qué se invierte ese dinero extra de la recaudación? Según el mismo decreto, $17.411.641.176 en “servicios básicos”. ¿Y qué incluye ese concepto? Fundamentalmente, el pago de la luz, dicho en criollo. Puesto de otra manera: casi la mitad de los mayores ingresos por los tarifazos de ASSA va a cubrir los tarifazos de la EPE y, quita de subsidios nacionales mediante, de la mayorista eléctrica CAMMESA.
Eso no es todo. Hay $4.475.259.892 que serán destinados al pago de impuestos directos e indirectos, derechos y tasas. Si lo sumamos el gasto en servicios básicos, se llega a la conclusión de que casi el 60% de la ampliación presupuestaria producto de los tarifazos de ASSA se van por la canaleta. Son 6 de cada 10 pesos aportados con el sufrimiento de los usuarios santafesinos.
¿Y las obras? El rubro “Mantenimiento y reparaciones” se queda con $1.336.084.248, apenas un 3,65% del total. Inversión en “Maquinaria y equipos”: $45.808.180, un pobre 0,13%. “Alquiler de maquinarias”: $900.576.423, sólo un 2,46%. Todo esto figura en un decreto del gobernador, refrendado por sus ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y de Economía, Pablo Olivares, a solicitud de la presidenta de Assa, Anahí Rodríguez.
No nos equivocamos, tristemente, cuando alertamos que la ley de emergencia de Aguas Santafesinas, cuyo presunto objetivo era “atender en forma urgente la grave situación deficitaria que atraviesa” la empresa, se trataba en realidad de una trampa para habilitar más y más tarifazos, con las consecuencias que están a la vista.
A la inversión en saneamiento te la debo.
Nadie en su sano juicio puede estar en contra de que las prestadoras sean eficientes y tiendan al equilibrio presupuestario, más aún si se trata de compañías estatales, pero de ninguna manera es sano considerar que esos son objetivos en sí mismos. La meta es, o debería ser, brindar servicios sanitarios de calidad con tarifas razonables que sean accesibles para la población.
Nada de eso se logrará con tarifazos crueles que, encima, se muerden la cola.
(*) Diputado provincial del bloque Hacemos Santa Fe (PJ)
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