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El dueño de EMEPA admitió haber pagado por un decreto presidencial

Gabriel Benjamín Romero declaró ante Bonadio que entregó dinero para que mediante un decreto se extendiera la concesión de su empresa, EMEPA, sobre la Hidrovía del Paraná.

El 20 de enero de 2010, el puntilloso chofer Oscar Centeno hizo una anotación que reza: “13.35. Ministerio, lo llevé al Lic y a Nelson a Corrientes 316, donde nos esperaba un señor. Luego subió al edificio con el Lic Baratta; luego bajaron con un bolso con dinero aproximadamente por el tamaño unos 800.000 U$S, subió al auto con el bolso el Lic. y los llevé al Ministerio”.

El licenciado del que habla Centeno es Roberto Baratta, quien fuera la mano derecha de Julio De Vido en el ministerio de Planificación durante los 12 años de kirchnerismo.

Nelson es Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta, quien, según el relato de Centeno, era el fiel compañero en las tareas recaudatorias en bolsos de coimas. Baratta y Lazarte están detenidos por orden del juez Claudio Bonadio, a cargo del caso que comenzó a partir de las copias de los cuadernos de Centeno.

La dirección que aparece en aquella anotación del chofer de Baratta es la del edificio donde se encuentra la sede central de la empresa EMEPA.

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El martes, Gabriel Benjamín Romero, dueño de esa importante compañía, declaró como arrepentido ante Carlos Stornelli, el fiscal del caso iniciado por los cuadernos. Hoy volvió a declarar ante el juez y el fiscal del caso. Admitió haber entregado dinero a Baratta aquel día. La empresa EMEPA explota desde hace unos 20 años un enorme negocio que es la Hidrovía y también está a cargo de Ferrovías, que explota ferrocarriles, que estaba bajo la supervisión de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del kirchnerismo, preso y coimero confeso.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes vinculadas a la investigación, Romero admitió dos pagos, uno que se hizo el 20 de enero de 2010, un día antes que se publicara el decreto 113/2010 por el que se renegociaron las condiciones del contrato de explotación de la Hidrovía. A partir de ese decreto el Estado le extendió en el tiempo la concesión del cobro de peajes por el río a la firma Hidrovía S.A. y le permitió ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.

Por su parte, la empresa se comprometía a modernizar el sistema de señalización y el dragado. El otro pago se produjo semanas después de la firma del decreto de Cristina Kirchner. Aunque en la cifra no coincidió con lo que había escrito Centeno. Era un poco menos que lo narrado por el ex chofer de Baratta.

Aquel decreto firmado por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, ratificaba el acuerdo que había rubricado la empresa Hidrovía S.A con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, que básicamente adecuó los convenios con los prestadores luego de la salida de la convertibilidad de 2002.

El decreto por el cual el Estado acordó con la firma Hidrovía fue firmado también por el entonces ministro de Economía Amado Boudou, el de Planificación, Julio De Vido y por quien fuera Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Romero señaló que se hicieron dos pagos por el decreto y que, según Baratta, que fue el cobrador, ese dinero debía “subir” en la escala gubernamental. A raíz de las confesiones de Romero, el juez Bonadio ordenó liberar a Rodolfo Poblete, directivo de EMEPA y empleado de confianza de su dueño.

Pero esto no fue lo único que confesó Romero. También explicó que era un contribuyente habitual a otro sector de la recaudación kirchnerista: dijo que coimeaba a Jaime, quien tenía la autoridad de control sobre el ferrocarril que explotaba y aun explota EMEPA.

En consonancia con lo que ya había dicho el empresario Aldo Roggio, Romero admitió haberle pagado a Jaime el cinco por ciento de los subsidios.

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Pero como Jaime también tenía la supervisión de la Hidrovía, Romero también admitió haberlo sobornado por ese negocio. Le daba una suma fija anual, cercana a los 500 mil dólares, al ex secretario de Transporte, quien está preso por otros casos de corrupción y en 2015 confesó haber cobrado coimas de dos empresas: Trenes de Buenos Aires y la Terminal de Ómnibus de Retiro.

Fuente: Omar Lavieri y Andrés Ballesteros para Infobae

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