Revés para la causa que condenó a un ingeniero y a su abogado y salpicó al juez federal Reinaldo Rodríguez

Casación absolvió a Miguel Ángel Dubarry y Carlos Clerc, ambos condenados en el Tribunal Oral Federal en 2017 por “fraude al Estado nacional” luego de presentar un amparo, en el Juzgado Federal N°1, para lograr saltar “los corralitos financieros” dictados tras la crisis del 2001.


 

Por Ignacio Mendoza

Un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación revocó una sentencia resuelta en el Tribunal Oral Federal que en 2017 condenó a dos años y diez meses de prisión en suspenso por “fraude al Estado nacional” a un ingeniero y un abogado, ambos oriundos de Buenos Aires, por un supuesto ardid financiero que tuvo como fin cobrar bonos de la deuda pública con fines especulativos que fueron adquiridos tras la crisis económica que desbarató al país en 2001.

El veredicto fue resuelto por los jueces de la Sala II, Alejandro Walter Slokar, Ana María Figueroa y Diego Barrotaveña, quienes determinaron absolver a bonista, Miguel Ángel Dubarry y su abogado, Carlos Clerc, por el beneficio de la duda tras considerar que la “prueba producida e incorporada al debate no logró erigirse a la hipótesis acusatoria como única posibilidad de ocurrencia de los hechos”.

La medida, que fue informada el viernes pasado, hizo lugar al pedido de la defensa de ambos acusados, a cargo de Néstor Oroño (por Dubarry) y Juan Carlos Palacios (Clerc), quienes recurrieron el fallo condenatorio dictado por los jueces del Tribunal Oral santafesino, Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella el 11 de octubre del 2017 en sala de audiencias de Primera Junta y San Jerónimo.

El caso tiene la particularidad de haber salpicado además al juez federal N° 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, ya que fue en el Juzgado que conduce, donde se tramitó el amparo judicial que declaró la inconstitucionalidad de una serie de leyes especiales, dictadas después del default del 2001, las cuales restringían el cobro de bonos adquiridos. Por esa razón, el tribunal de jueces de Santa Fe hizo lugar al pedido del fiscal general, Martín Suárez Faisal, para que se inicie una nueva investigación sobre aquel amparo judicial  y determine si hubo otras personas involucradas.

Como consecuencia de eso, se inició una nueva pesquisa en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Walter Rodríguez,  que puso sobre la lupa al magistrado federal por lo que solicitó su indagatoria y abrió un sinuoso laberinto judicial que implicó la inhibición de dos jueces federales -Francisco Miño y Miguel Abásolo de Rafaela- que se negaron a tomar dicha indagatoria.

La causa recayó luego en el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, que en agosto de 2018 rechazó el pedido de indagatoria a su par santafesino por lo que dispuso el archivo de la causa. Tal resolución, generó que el fiscal de instrucción recurra a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario donde finalmente a principios de este año, un fallo del juez Aníbal Pineda confirmó el rechazo de la indagatoria pero se opuso al archivo de la pesquisa judicial.

El caso

Entre el 30 de junio y 3 de julio de 2003, Miguel Ángel Dubarry adquirió bonos de la deuda pública -denominados Bocon 2225- en dólares estadounidenses los cuales fueron depositados en una cuenta de la Caja de Valores S.A. que estaba a su nombre y de su esposa, María Eugenia Burgnard.

Como los bonos no podían cobrarse en dolares tras la sanción de leyes y decretos para proteger la economía, a excepción de que el bonista sea una persona de avanzada edad, Dubarry contrató al abogado Carlos Clerc quien se puso al servicio de la pericia jurídica. Posteriormente, Dubarry incorporó a la cuenta a su suegro, Fernando Bugnard de 91 años, -el 7 de septiembre del 2004- y mediante un amparo judicial se presentó en el Juzgado Federal N°1 de Santa Fe. Dicho amparo puso a Bugnard con domicilio en la ciudad de Rafaela pese a que el mismo residía en la ciudad de Buenos Aires.

El 22 de octubre de 2004, el juez Reinaldo Rodríguez hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó al Estado nacional para que se abstenga de pesificar los bonos y le entregue a los accionantes las sumas de dinero correspondientes a los conceptos que fueron peticionados.

Un año después, el entonces, Subsecretario legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles, arribó a la ciudad de Santa Fe y denunció en la Fiscalía Federal N° 1, que el propio Dubarry -bajo la asesoría de Clerc- logró cobrar los bonos de la deuda pública por medio de un irregular amparo judicial que implicó un ardid que pretendió saltar “los corralitos financieros” establecidos después del a crisis del 2001. En razón de ello, se inició una pesquisa judicial que tardó doce años en llegar a juicio.

Marcha atrás

El reciente fallo de Casación que dio vuelta la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe sostuvo que las afirmaciones del tribunal, sobre el supuesto ardid de parte de Dubarry y Clerc, “no se encuentran precedidas de las necesarias pruebas que deberían sustentarlas, resultando huérfanas de sostén”.

“Era elemental llevar adelante una rigurosa pesquisa respecto de esa falsificación para conocer la verdad de los hechos y lograr la imputación del evento a alguno de los intervinientes. Ello no sucedió, y nada se sabe con certeza acerca de la falsificación documental, lo que perjudica severamente la hipótesis acusatoria”, agregó en otro fragmento la resolución.

Y por eso, señaló que en la condena de los jueces Lauría, Escobar Cella y Vella “se configura un supuesto de insuficiencia de pruebas que conduce a un estado de duda que no logra ser superado a partir de la valoración efectuada e impone la solución del caso por la aplicación del principio in dubio pro reo (beneficio de la duda)”.

“Ni tampoco aparecen debidamente acreditados todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que reclama el delito por el que fueran acusados, lo que no permite superar el estado de inocencia de los imputados al amparo de la regla procesal referida”, sentenció el fallo del tribunal de alzada nacional por lo que ordenó absolver al ingeniero y a su abogado.

 

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