Al respecto, en diálogo con Aire de Santa Fe, Ezequiel Hernández, fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Complejos explicó que “en la condena se estipuló la reparación del daño hecho y fue valuado en 800 mil pesos: 600 mil en capital y 200 de intereses, una multa y además consideramos que una condena apropiada era hacer una reparación a la sociedad. Por eso se exigió la donación 600 mil pesos a entidades de bien público”.
En el mismo sentido, Hernández dijo que “se consensuó una pena de 3 años de prisión por defraudación al Estado y ser miembro de una asociación ilícita y al no tener antecedentes, el juez consideró que se puede dar la libertad condicional ya que purgó ocho meses de prisión”.
Por último, el fiscal advirtió que “la investigación continúa, la causa no se cerró”.
Audio: Ezequiel Hernández, fiscal a cargo de la Unidad de Delitos Complejos
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