Por Andrea Romanos
El 2 de octubre de 2018, el periodista saudí Jamal Khashoggi, de 59 años, entró en la consulado de su país en Estambul (Turquía) para hacerse con algunos documentos que necesitaba para casarse con su prometida, de nacionalidad turca. Nunca salió.
Fuentes de inteligencia turcas revelaron que el periodista, muy crítico con el régimen de Arabia Saudí que encabezan el príncipe heredero, Mohammad bin Salman, y el rey, Salmán bin Abdulaziz, fue asesinado dentro del consulado y su cuerpo fue posteriormente desmembrado.
Tras la desaparición de Khashoggi, Arabia Saudí permaneció 17 días en silencio, para después desconocer tener información sobre su paradero y finalmente admitir que el periodista fue asesinado bajo su custodia en una pelea. Por el crimen hay 11 personas acusadas que fueron juzgadas en un juicio secreto.
Sin embargo, el juicio fue muy cuestionado por organizaciones internacionales y la implicación del poderoso príncipe Bin Salman parece clara. A un año de su muerte ¿qué se sabe de lo sucedido?
Jamal Khashoggi nació en la ciudad de Medina, en Arabia Saudí, en 1958. Dio sus primeros pasos en el periodismo en el medio Saudi Gazette, de circulación en lengua inglesa. Más tarde trabajó como asesor de medios del príncipe Turki bin Faisal, el ex jefe del servicio de inteligencia de Arabia Saudita y ex embajador del país en los Estados Unidos. Durante el tiempo en que estuvo al servicio de la monarquía, se le conoció como un reformista.
En los últimos años, sin embargo, se volvió frontalmente crítico. Empezó a abogar por los derechos de las mujeres y la libertad de expresión en Arabia Saudí en un país altamente represivo, según el último informe de Amnistía Internacional.
En 2017 se exilió voluntariamente en Estados Unidos después de explicar que le habían “ordenado callarse”, y desde allí era colaborador habitual del diario The Washington Post. En su columna mensual, Khashoggi a menudo atacó directamente a Mohammad bin Salman: lo acusó de encarcelar a disidentes e intelectuales y de la decisión de Arabia Saudí de intervenir en la guerra de Yemen.
En una investigación publicada el mes de febrero, The New York Times reveló que Mohammad bin Salman le había dicho a un asistente de alto rango en 2017 que le “pegaría un tiro” a Khashoggi si el periodista no regresaba a su país y cesaba en sus críticas al gobierno.
Citando a ex funcionarios estadounidenses y extranjeros con conocimiento directo de los informes de inteligencia, el Times publicó que Bin Salman también se quejó a otro asistente de que Khashoggi se había vuelto demasiado influyente y que sus artículos y publicaciones en Twitter estaban empañando la imagen del príncipe heredero como un reformador con visión de futuro.
Cuando el asistente apuntó que atacar de alguna forma al periodista causaría un revuelo internacional, el príncipe respondió que Arabia Saudí no debería preocuparse por las reacciones ajenas sobre cómo se ocupa de sus ciudadanos.
Arabia Saudí se contradijo en diversas ocasiones sobre lo sucedido. En un principio afirmaron que el periodista abandonó el consulado y que desconocían dónde se encontraba, pero a medida que las autoridades turcas continuaban publicando pruebas que demostraban lo contrario, admitieron que Khashoggi había sido asesinado en sus dependencias.
El 20 de octubre, el fiscal del reino emitió una declaración donde contó que Khashoggi fue asesinado en una pelea a puñetazos y que 18 ciudadanos sauditas habían sido arrestados, sin especificar dónde se encontraba el cuerpo. Cinco días después, el fiscal se desdijo de su declaración de que el asesinato había sido “involuntario” y aclaró que fue “premeditado”.
La versión oficial de la fiscalía sostiene ahora que Khashoggi se encontraba negociando su regreso a Arabia Saudí, pero cuando las negociaciones fracasaron el jefe del equipo ordenó su asesinato.
Desde entonces, las autoridades saudíes han acusado a 11 sospechosos no identificados por el asesinato de Khashoggi, incluidos cinco que podrían ser condenados a la pena de muerte por haber “ordenado y cometido el crimen”. Riad también se negó a extraditar a los acusados, a pesar de la presión de Turquía.
Pero los detalles más terribles sobre lo que le sucedió aquél 2 de octubre los publicaron principalmente los medios de comunicación turcos, citando grabaciones de los servicios de inteligencia. En los audios revelados desde entonces se escuchan desde las últimas palabras de Khashoggi –a través de las cuáles se intuye que fue asfixiado– hasta a sus asesinos discutiendo cómo desmembrar y transportar su cuerpo.
El rechazo que produjo el asesinato de Khashoggi a nivel mundial fue muy extenso, y numerosos grupos de derechos humanos y defensores de la libertad de prensa pidieron que la monarquía saudí y en especial Mohammad bin Salman rindan cuentas sobre lo sucedido. Países como Alemania, Dinamarca y Finlandia prohibieron la venta de armas a Arabia Saudí.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificó el suceso de “salvaje” y de “asesinato político”, y recientemente se comprometió a continuar los esfuerzos “para esclarecer el asesinato”.
Mucho más mesurada fue la reacción de Donald Trump, quien a pesar de considerar el asesinato “terrible” dijo que Estados Unidos continuará siendo “un socio firme” de Arabia Saudí. Mientras que las investigaciones de la CIA apuntaron a que Bin Salman ordenó el asesinato, Trump valoró que “quizás lo hizo, quizás no”.
Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018
Los aliados de Arabia Saudí en Oriente Medio –Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Yemen– cerraron filas junto al reino y apoyaron sin fisuras la investigación oficial sobre lo sucedido.
La ONU también se pronunció sobre lo sucedido. En un informe publicado en el mes de junio, una investigadora extrajudicial destinada a investigar el caso, Agnes Callamard, concluyó que la muerte de Khashoggi “constituyó un asesinato extrajudicial del que es responsable el Reino de Arabia Saudita”.
También apuntó que dado que “hay evidencia creíble” sería recomendable iniciar una “investigación mucho más profunda de la responsabilidad individual de los funcionarios sauditas de alto nivel, incluido el príncipe heredero“. Por último, calificó el juicio contra los 11 sospechosos de “farsa” y afirmó que no cumple con los estándares internacionales.
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