El Gobierno de Sebastián Piñera vive momentos muy complicados, sobre todo desde octubre de 2019, cuándo un grupo de estudiantes se negaron a pagar el aumento al pasaje de transporte público, desatando una verdadera revolución en Chile, que terminó en marchas masivas en todo el país y un proceso constituyente. Sumado a eso, la violencia en las regiones del sur del país escalaron a niveles muy preocupantes llevando a movilizar al ejército para aplacar los enfrentamientos y además enfrenta un proceso de destitución por corrupción.
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La oposición chilena unida presenta la acusación para destituir a Sebastián Piñera
Sebastián Piñera enfrenta un proceso de destitución que ingresó el día de hoy la oposición en la cámara de Diputados, luego de que el nombre del presidente apareciera en los llamados "Pandora Papers" y se inicie un proceso de investigación por posibles delitos de cohecho y soborno. Se acusa al mandatario de haber sellado la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal. Además, se aseguró que el pago de la tercera cuota de la transacción estaba condicionado a que el primer gobierno de Piñera no declarara como reserva natural la zona donde se construirá el proyecto, cosa que finalmente se dio así y la cuota se pagó.
Sebastián Piñera militariza regiones de Chile y reaviva el conflicto mapuche
Esta medida apunta principalmente a las provincias de Malleco y Cautín en la región de La Araucanía, y en las provincias de Arauco y Bío Bío en la región del Bío Bío. “Estos atentados también han impedido las ejecuciones de órdenes judiciales por parte de las policías, las que han sido resistidas mediante el uso de la violencia y el empleo de armas de fuego de grueso calibre, incluso armas de guerra”, dijo Piñera.
Junto a esto, el mandatario dijo que estos graves hechos no solo han cobrado vidas de personas inocentes, sino que también de funcionarios de Carabineros y la Policía de Investigaciones. “Estos violentos hechos han destruido casas, iglesias, instalaciones, y bienes destinados a actividades industriales y agrícolas (…) y mucha infraestructura pública”, explicó Piñera.
“Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”, concluyó el presidente de Chile, Sebastián Piñera. La normativa tiene una duración máxima de 15 días corridos y puede ser prorrogada por otros 15 días más. Para una nueva prolongación, el mandatario necesitaría que el Congreso esté de acuerdo.
El "Estallido Social" que terminó en un "Proceso Constituyente"
El 14 de octubre de 2019 los estudiantes secundarios y universitarios de Chile se organizaron en protesta al alza del valor del pasaje de subte, esta fue la llama que encendió el resto de las protestas que vendrían después. Tan solo una semana después, la violencia comenzó a escalar y las manifestaciones empezaron a multiplicarse en las calles de Santiago de Chile, una estación de metro fue incendiada y la policía empezó a intentar repeler a las multitudes.
4 días más tarde, el presidente Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia y un toque de queda en distintas ciudades del país, además de dar marcha atrás en el alza del pasaje. "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, dijo Piñera en respuesta a los diferentes actos de violencia que se registraron en el país.
Todos los intentos de aplacar las manifestaciones fueron inútiles y el 30 de octubre de 2019 se organizó una marcha masiva a Plaza Italia (en el centro de Santiago de Chile). La multitud que se reunió fue la más numerosa en la historia de Chile. Se habla de más de 1 millón de personas que salieron a alzar su voz.
El "estallido social" desencadenó un "Proceso Constituyente" que se reafirmó en un plebiscito nacional realizado el 25 de octubre de 2020. Actualmente se está redactando una nueva constitución para Chile y la misma será sometida a un nuevo plebiscito que aprobará o rechazará el manifiesto una vez que sea terminada.