viernes 13 de diciembre de 2019

Política |

La llegada de fuerzas federales a Santa Fe no sólo fracasó sino que sumó otro problema: la corrupción

La estrategia de lucha contra el crimen que atraviesa las últimas dos gestiones nacionales no logró bajar los índices delictivos. Los últimos casos de connivencia con el narcotráfico encienden alarmas.

 

Por Germán de los Santos

Cuando el 9 abril de 2014 desembarcaron en Rosario más de 3.000 gendarmes encontraron los 69 búnkeres de droga que allanaron vacíos, desmantelados. Los narcos tenían informantes eficientes. Pero la operación fue un éxito a nivel político. Los resultados fueron magros en torno a la lucha contra el narcotráfico. Desde ese momento, contingentes de efectivos federales regresaron a la provincia de Santa Fe en cuatro oportunidades, durante las últimas dos gestiones, la de Cristina Fernández y Mauricio Macri.

Pasaron más de cinco años desde que se empezaron a usar las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe para intentar contener el crecimiento de la violencia, muchas veces asociada al narcotráfico, y a la inseguridad. ¿Qué resultado tuvo esa “estrategia”? Las estadísticas oficiales no aportan datos alentadores, sino todo lo contrario.

El número de delitos se mantiene casi inalterable en los últimos tres años. En 2016 se produjeron 122.593 delitos en la provincia, mientras que al año siguiente esa cifra fue de 115.348 y en 2018 llegó a 123.226. En la ciudad de Santa Fe se cometieron 23.135 delitos contra la propiedad en 2016; hubo una leve baja al año siguiente (20.539) y volvieron a crecer en 2018 al alcanzar los 23.661.

 

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Según las estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación, los homicidios bajaron de 2016, cuando hubo 125, a 84 en 2018. Pero este año va a terminar con un importante incremento (hasta este jueves se produjeron 71), con casos de fuerte repercusión social como los asesinatos de Cecilia Burgadt, Maximiliano Olmos y Julio Cabal.

 

No sólo crecieron los índices delictivos en Santa Fe sino que también empezaron a aparecer nuevos problemas, como los casos de corrupción de las fuerzas federales. Los gendarmes y federales habían llegado a Santa Fe para buscar suplir las falencias que posee la Policía de Santa Fe, donde hay un elevado nivel de connivencia con el delito, y el tiempo y las malas estrategias políticas terminaron por generar un problema extra: la corrupción no sólo de los policías provinciales sino también de los miembros de las fuerzas federales.

 

Una fuente de Gendarmería describió a Aire Digital la escena a modo de ejemplo: “Cuando llegamos a Santa Fe íbamos a vigilar los búnkeres y casi siempre había un patrullero custodiándolo. Nos acercábamos y se iban. Lamentablemente ahora hay gendarmes que hacen los mismos negocios que la policía”.

 

El caso del ex comisario Mariano Valdés, ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal, está lejos de dilucidarse. No sólo el enfrentamiento a tiros con un grupo de personas, a quienes conocía, según el fiscal Matías Edry, sino también por una trama oscura en la que aparece como un nuevo misterio la desaparición de la escena del hecho de un bolso, que -según las sospechas de los investigadores- se lo habrían entregado en la ruta.

 

Audiencia Valdés jefe policía federal
Valdés, el primero desde la izquierda, en la audiencia imputativa del martes en Villa Constitución.

 

Valdés llegó a Santa Fe como una especie de “interventor”, designado por el jefe de la PFA Néstor Roncaglia, para quien este ex comisario era uno de sus “pollos” en la fuerza cuando después del 10 de diciembre el actual titular de la fuerza -quien fue jefe de Drogas durante parte del kirchnerismo- pase a retiro.

 

 

Pero Valdés no fue el único miembro de las fuerzas federales involucrados en casos oscuros. El 1 de junio pasado, el juez Luis Miño procesó a seis policías federales, entre ellos, Marcelo Lepwalts, a quien Valdés reemplazó.

 

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Hay un caso paradigmático que muestra con mayor precisión la coordinación de las fuerzas federales y la policía para trabajar para los narcos, en vez de combatirlos. Esa causa es un desprendimiento de la que tiene como líder de la organización a Luis Paz, quien vivía en el country Los Molinos en Santa Fe.

 

El testimonio del “arrepentido” en Paraná se incorporó al expediente 10246/15 que investiga desde el 2015 el fiscal Federal de Santa Fe Walter Rodríguez. Un primer capítulo de esa causa se cerró el 4 de abril pasado, cuando se ordenaron 21 allanamientos y fueron detenidas cuatro personas.

 

Uno de los detenidos fue Edgardo Baigoria, alias Cabezón, suboficial de la Policía de Santa Fe, junto con otros eslabones importantes de esta banda, como Emanuel González, hijastro de Luis Paz. Otro eslabón de la banda, liderada esa parte por un policía, lo completaban los gendarmes Damián “Perro” Sosa y Santiago Alejo, que eran custodios en el juzgado federal de Francisco Miño, y están sospechados de estar infiltrados en el juzgado para pasar información a Baigoria.

 

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Estos policías y gendarmes le daban protección a Paz, que se instaló en 2013 en el country Los Molinos en Santa Fe, donde compró cinco terrenos. En la casa donde vive en ese tradicional barrio cerrado de la capital santafesina tenía una celosa custodia conformada por ex policías.

 

Los Monos habían querido matarlo en 2013 en el Casino de Santa Fe. Su “amigo” el juez Juan Carlos Vienna le había contado cómo Guille Cantero y Monchi hablaban en la autopista Rosario-Santa Fe para ir a liquidarlo donde Paz acudía todas las noches. El plan se cayó porque cuando llegaron Paz se esfumó del casino.

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