Malvinas: la Justicia ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion en el archipiélago
La medida cautelar alcanza a Rockhopper y Navitas y suspende obras, perforaciones e instalaciones vinculadas con la extracción de petróleo.
La resolución también exige a las compañías que aporten información sobre distintos aspectos del proyecto Sea Lion.
La Justicia Federal ordenó a las empresas internacionales Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited suspender el inicio o la continuidad de obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las islas Malvinas.
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La medida fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por un excombatiente de la guerra de Malvinas. La resolución alcanza a las actividades relacionadas con las perforaciones, la instalación de infraestructura submarina y el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos.
La decisión se conoce en medio de las acciones judiciales impulsadas por el Gobierno nacional contra empresas que participan de actividades hidrocarburíferas en las islas y sus espacios marítimos circundantes.
Qué ordenó la Justicia Federal por el proyecto Sea Lion
En el fallo, la jueza dispuso como medida cautelar que las empresas se abstengan de iniciar o continuar las obras vinculadas con el desarrollo del proyecto. También contempló medidas destinadas a impedir operaciones financieras que permitan avanzar con su ejecución.
"Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento", señala la resolución.
La magistrada aclaró que la decisión tiene carácter provisorio y no implica una definición sobre el fondo de la cuestión. En ese sentido, sostuvo que la medida “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal".
Además de la suspensión de las obras, el planteo judicial incluye la prohibición de realizar determinadas operaciones financieras vinculadas con Sea Lion. Entre ellas se encuentran la celebración de nuevos contratos de financiación, la recepción de desembolsos, pagos y transferencias, los aportes de capital y préstamos entre sociedades vinculadas, así como la constitución de garantías y la afectación de activos destinados al proyecto.
La información que deberán presentar las empresas
La resolución también exige a las compañías que aporten información sobre distintos aspectos del proyecto Sea Lion. Entre ellos:
- La estructura societaria utilizada para llevar adelante el emprendimiento.
- Las entidades financieras y fondos que participaron de su financiamiento, junto con los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes.
- Las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas con el proyecto.
- Los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de posibles derrames y planes de contingencia.
- Las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas como apoyo al emprendimiento.
- Las ampliaciones previstas y la eventual incorporación de nuevos pozos vinculados con el proyecto.
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El pedido de información a la Cancillería
La jueza Borruto también solicitó información a la Cancillería argentina. El organismo tendrá un plazo de 10 días para informar si las empresas involucradas en el proyecto cuentan o contaron con algún tipo de habilitación, permiso, autorización o consentimiento otorgado por autoridades argentinas para desarrollar actividades de exploración o explotación hidrocarburífera en las islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina.
Por otra parte, la magistrada requirió información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El organismo deberá informar si existen registros de avisos de proyecto o procedimientos de evaluación de impacto ambiental vinculados con Sea Lion, sus posibles ampliaciones o actividades relacionadas.
En caso de existir alguno, deberá precisar si se dictó una declaración de impacto ambiental, un certificado de aptitud ambiental o un acto administrativo equivalente. Si no existe actualmente un procedimiento de ese tipo, deberá comunicar al juzgado si se inicia uno con posterioridad.
