La Corte Suprema de la Nación dio luz verde a una demanda por daños y perjuicios iniciada por una de las víctimas de Cromañón

Jorge Eduardo González presentó en agosto del 2021 una demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a raíz de los daños sufridos.

El 22 de febrero de 2022, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó la inexistencia de la demanda. Dijo que el escrito presentado no estaba firmado por el actor, quien se presentaba por derecho propio, y por lo tanto no podía ser admitido.

El 8 de marzo de 2022, González ratificó la demanda promovida por los abogados en su nombre.

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El juez de primera instancia tuvo por ratificada la presentación y la demandada apeló. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo resolvió rechazar el recurso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se señaló que si bien la omisión apuntada constituía una deficiencia de tal entidad que podía tornar inexistente la demanda interpuesta, no podía pasarse por alto que el actor había subsanado la omisión.

La demandada interpuso un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema. El máximo tribunal desestimó la presentación porque no se refería a una sentencia definitiva o equiparable a tal.

La resolución de la Corte Suprema