El planteo llegó al máximo tribunal por un conflicto de competencia entre el juzgado en lo penal, contravencional y de faltas 4 de la Ciudad de Buenos Aires, y el juzgado federal número 7, a cargo del juez Casanello.
La causa se inició a partir de la actuación policial en el marco de una protesta en donde sujetos no identificados efectuaron pintadas en el monumento Don Quijote, en la avenida De Mayo y la calle Lima. Allí escribieron la leyenda “matar a Bullrrich para vengar a Santiago”.
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El juez local encuadró el hecho en el delito de amenazas y declinó la competencia por la materia a favor de la justicia federal, al entender que la frase intimidatoria se dirigía a la actual Ministra de Seguridad de la Nación, en su calidad de funcionaria pública.
El magistrado federal, con base en lo solicitado por el fiscal, rechazó la atribución por prematura, toda vez que no se habían realizado las medidas de prueba mínimas para reconstruir los hechos y determinar su encuadre legal.
Vuelto el legajo al juzgado de origen, su titular insistió en su criterio, tuvo por trabada la contienda y la elevó a la Corte.
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El Procurador General interino Esteban Casal dictaminó que “toda vez que la frase se dirige contra una autoridad nacional y está presumiblemente motivada en su cargo de ministra de seguridad, considero que corresponde intervenir a la justicia federal, pues su competencia incluye conocer de los hechos que pudieren afectar el funcionamiento de órganos nacionales o el desempeño de los empleados que prestan en ellos funciones”.
Siguiendo ese criterio, la Corte estableció que el caso entonces deberá tramitarse en los tribunales de Comodoro Py.
