Víctimas, familiares, testigos, fiscales y organismos de derechos humanos coinciden en un punto: se trata de un proceso histórico ya que, por primera vez en el país, desde la reapertura de los juicios por los crímenes de la dictadura, la Justicia logró sentar en el banquillo a cuatro represores acusados de abandonar en forma deliberada a niños y niñas menores de edad durante un operativo clandestino que tuvo como epicentro la localidad santafesina de Laguna Paiva.
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El ex juez federal Víctor Hermes Brusa es uno de los acusados en el marco de la Causa Laguna Paiva II.
“Es la primera vez en la historia de los juicios de lesa humanidad del país que se van tratar hechos sufridos por menores de edad calificados como abandono de persona”, sintetizó en diálogo con AIRE el fiscal auxiliar Nicolás Sacco, quien forma parte del equipo liderado por el fiscal general Martín Suárez Faisal.
“Estas personas que van a declarar públicamente, ahora que son adultos, lo que les ocurrió siendo niños”, coincidió Noelia Zarza, abogada integrante de la querella encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario.
“Estamos en un caso que es pionero”, resumió Juan Cruz Giménez, titular de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, que se presentó como amicus curiae para esta causa.
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En el banquillo de los acusados se encuentran el ex juez federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa –quien se desempeñaba como secretario judicial al momento de los hechos– y los ex policías del Servicio de Inteligencia de la provincia Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti.
Riuli ya cumple una condena se deis años de prisión por secuestros y torturas, en el marco de la Causa Laguna Paiva I. En tanto, Brusa fue sentenciado dos veces por delitos de lesa humanidad: la primera, en 2009, a 21 años de prisión, sentencia que se acumuló con otra, dictada en 2014, de siete años de prisión.
Los menores como víctimas de delitos de lesa humanidad
Desde el equipo de la Fiscalía General que conduce Martín Suárez Faisal destacaron “la importancia de haber podido llegar a esta instancia de debate luego de atravesar numerosas resoluciones adversas durante la instrucción de la causa”.
Asimismo, indicaron que “es la primera vez en la historia de los juicios de lesa humanidad del país que se van tratar hechos sufridos por menores de edad calificados como abandono de persona”.
Además, remarcaron como un hecho importante que se juzgue por primera vez la responsabilidad penal de Antonio Parvellotti, quien fue subjefe del Departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe durante la última dictadura. Por ese lugar pasaron muchas de las víctimas de la causa que ahora llegó a juicio oral.
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Los hechos juzgados tuvieron como epicentro la localidad de Laguna Paiva. (Imagen ilustrativa)
Respecto a la situación del ex juez Brusa, la Fiscalía explicó que se le imputa “haber intervenido de forma directa en numerosos allanamientos ilegales, secuestros, tormentos y abandono de personas”, como los menores de edad cuyas historias se ventilarán durante el juicio.
“Destacamos también la gran importancia que van a tener todos los testimonios que se van a producir durante los próximos dos meses de audiencias. Ellos van a resultar fundamentales para el desarrollo del debate, como ocurre en cada uno de juicios que se han realizado en esta jurisdicción”, concluyeron desde la Fiscalía.
El horror de la dictadura, 46 años después
Durante el primer juicio sobre los crímenes en Laguna Paiva, hubo testimonios que pusieron en evidencia cómo los operativos represivos incluyeron abandono de personas, secuestros y un caso de abuso sexual contra una niña. Por ese motivo, la APDH de Rosario presentó una denuncia para que esas violaciones de los derechos humanos sean investigadas y juzgadas por separado.
Días antes del inicio del nuevo juicio, en diálogo con AIRE, la abogada de la APDH Noelia Zarza explicó que las víctimas sobrevivientes “van a declarar públicamente, ahora que son adultos, de lo que les ocurrió siendo niños”.
Zarza remarcó que los testimonios están atravesados por el paso del tiempo, el silenciamiento y la dificultad de haber vivido esos hechos en una etapa en la que “todavía no estaba la posibilidad de atravesarlo por lo simbólico”.
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Uno de los aspectos más sensibles de la causa es el caso de abandono, que será juzgado como parte del plan represivo. Según detalló la querella, tras el secuestro de sus padres, varios niños quedaron completamente solos: “El más chiquito tenía un año y medio y la más grande 12. Fue ella quien asumió el cuidado de sus hermanos. Tuvieron que trabajar en un horno de ladrillos para poder comer”, relató la abogada de la APDH.
Por su parte, Lucía Lucero, integrante del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, aportó: “Esas infancias hoy tienen alrededor de 50 años y, después de 46 años, pueden contar lo que les pasó y buscar algún tipo de reparación”.
Los hechos que llegaron a juicio
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los crímenes fueron cometidos en 1980 por integrantes de la estructura represiva que operó en torno al Departamento de Informaciones D-2 de la Policía provincial. Están acusados de secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y abandono de niños y niñas, entre otros delitos en perjuicio de 34 víctimas.
Los acusados fueron procesados por perseguir a militantes políticos, trabajadores ferroviarios, dirigentes gremiales y a familiares de las personas que eran investigadas por las fuerzas represivas.
En el nuevo juicio se analizan responsabilidades penales vinculadas con operativos desplegados principalmente entre febrero y junio de 1980 en distintas localidades, entre ellas Laguna Paiva, Esperanza, Ceres, Santo Tomé e incluso en la ciudad bonaerense de Lima.
Causa Laguna Paiva II hermanos Paez gentileza Periodico Pausa
Los hijos de Catalino Páez y Juana Medina impulsaron la investigación que llegó a juicio a partir de una denuncia de la APDH de Rosario.
Gentileza Periódico Pausa
La acusación sostiene que varias víctimas fueron trasladadas desde centros clandestinos al Juzgado Federal de Santa Fe para prestar declaración cuando ya llevaban días o semanas secuestradas, en muchos casos vendadas, golpeadas o luego de haber sido torturadas. En esas circunstancias, eran obligadas a firmar actas previamente redactadas o a ratificar manifestaciones obtenidas bajo apremios ilegales.
Entre los hechos que llegaron a juicio se encuentran los secuestros de María Ceferina Páez y su esposo, Luis Santiago Medina, ocurridos el 8 de febrero de 1980 en la ciudad de Esperanza. La investigación indica que la mujer fue trasladada a dependencias policiales y luego al D-2, donde fue interrogada acerca del paradero de su hermano Arnaldo Catalino Páez. Posteriormente, habría sido víctima de violencia sexual y permaneció cautiva en distintas dependencias hasta su traslado a una unidad penitenciaria.
El 12 de febrero de 1980, un grupo armado irrumpió en un campo del paraje Los Pocitos, donde residían Miguel Guilfredo Páez y Elba Marcelina Medina junto a sus hijos. Toda la familia fue interrogada por el paradero de Catalino Páez, hermano de Miguel, quien fue sometido a torturas, mientras que su esposa e hijos también fueron privados de la libertad. Una de sus hijas, de 14 años al momento de los hechos, habría sido vendada, golpeada y sometida a tormentos con picana eléctrica antes de ser trasladada a Santa Fe y luego reunida con parte de su familia.
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También se reconstruye el secuestro de Arnaldo Catalino Páez, quien habría sido trasladado a un centro clandestino en zona rural y sometido a torturas. Su esposa, Juana Tomasa Medina, permaneció vendada dentro de un vehículo mientras escuchaba los tormentos. Ambos fueron luego derivados al D-2 y posteriormente a la GIR.
El juicio incluye además el caso de Leonel Oscar Gaitán, detenido en junio de 1980, quien habría sido trasladado a la denominada “Casita” de Santo Tomé donde fue torturado, y posteriormente derivado a distintas dependencias hasta su traslado a una unidad penitenciaria.
Asimismo, se analiza la situación de Roberto Manuel Soria, detenido el 18 de abril de ese año, quien habría sido sometido a torturas en el D-2 y en la GIR antes de ser trasladado a distintos penales. Según lo reconstruido en la pesquisa, en su caso, tras ser torturado con picana y haber estado horas con el cuerpo suspendido, fue revisado por un médico que constató su mal estado físico, pero consideró que “podían seguir dándole”.
Causa Laguna Paiva II Maria Paez gentileza Periodico Pausa
María Páez, hija de Catalino Páez y Juana Medina, es una de las víctimas que va a declarar en el juicio.
Gentileza Periódico Pausa
Otro de los hechos abordados en el debate ocurrió el 15 de febrero de 1980 en la localidad bonaerense de Lima, donde personal policial irrumpió sin orden judicial en una ladrillera y secuestró a Arnaldo Catalino Páez, a su esposa y al hijo mayor del matrimonio, Mario Ángel Páez.
Como consecuencia del operativo, otros seis hijos del matrimonio –de entre un mes y medio y 12 años– quedaron abandonados. Guiados por la mayor de las hijas, los niños debieron desplazarse por sus propios medios en busca de ayuda y, tras regresar al lugar, encontraron la vivienda saqueada. Posteriormente, los mayores tuvieron que trabajar para conseguir alimento, hasta que fueron trasladados por la Cruz Roja hacia San Nicolás, donde estuvieron alojados en distintos hogares hasta que pudieron reencontrarse con su madre.
La Fiscalía destacó que este abandono no fue una consecuencia accidental sino una derivación directa del procedimiento ilegal.
“Queremos justicia, queremos un cierre”
A casi cinco décadas de los hechos, María Páez, hija de Catalino Páez y Juana Medina, sostuvo: “Estamos reviviendo una historia muy dolorosa. Queremos justicia, queremos un cierre, queremos poder vivir en una localidad tranquilos, en paz y seguros”.
En una entrevista publicada por el Periódico Pausa, María Páez habló sobre las dificultades de vivir en Laguna Paiva, de donde es oriunda la familia, a pocas cuadras de la vivienda de uno de los imputados, Enrique Riuli, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena de 2021.
Páez espera que ahora haya una condena de cárcel común y efectiva para Riuli: “Uno lo cruzó durante toda su vida y para mi madre o mi hermano mayor (Mario Páez) es muy difícil cruzarse con él. Es muy violento para ellos y por ende para todos nosotros. Por eso creemos que tenemos derecho a vivir en libertad y a poder transitar tranquilos en nuestra comunidad”.
