Las víctimas vivían en Laguna Paiva y la mayoría de ellas estuvo cautiva en centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe y, posteriormente, en unidades penitenciarias de distintos puntos del país.
El abandono de niños y niñas, como delito de lesa humanidad
De acuerdo a la acusación de la Fiscalía, los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en 1980 por integrantes de la estructura represiva que operó en torno al Departamento de Informaciones D-2 de la Policía provincial. Están acusados de secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y abandono de niños y niñas, entre otros delitos en perjuicio de 34 víctimas.
Los expolicías de Inteligencia Eduardo Enrique Riuli (75), Oscar Alberto Cayetano Valdez (79) y Antonio Parvellotti (80), junto al exsecretario del fuero federal Víctor Hermes Brusa (77), fueron acusados por la persecución de militantes políticos, trabajadores ferroviarios, dirigentes gremiales y familiares de las personas investigadas por las fuerzas represivas.
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Los hechos juzgados tuvieron como epicentro la localidad de Laguna Paiva. (Imagen ilustrativa)
El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, mientras que el Ministerio Público Fiscal está representado por Nicolás Sacco, de la Oficina de Derechos Humanos de Santa Fe.
El proceso se desprende de la causa conocida como “Laguna Paiva”, en la que fueron condenados en 2021 seis expolicías provinciales por secuestros y tormentos agravados. En este nuevo debate se incorporan hechos y se analizan responsabilidades penales vinculadas con operativos desplegados principalmente entre febrero y junio de 1980 en distintas localidades, entre ellas Laguna Paiva, Esperanza, Ceres, Santo Tomé e incluso en la ciudad bonaerense de Lima.
La acusación sostiene que varias víctimas fueron trasladadas desde centros clandestinos al Juzgado Federal de Santa Fe para prestar declaración cuando ya llevaban días o semanas secuestradas, en muchos casos vendadas, golpeadas o luego de haber sido torturadas. En esas circunstancias, eran obligadas a firmar actas previamente redactadas o a ratificar manifestaciones obtenidas bajo apremios ilegales.
El rol del D-2 en el circuito represivo en Santa Fe
Durante la última dictadura, el Departamento de Informaciones D-2 de la Policía provincial funcionó como uno de los nodos centrales del aparato represivo en Santa Fe. Allí operó un centro clandestino de detención desde el cual se planificaron y ejecutaron operativos de inteligencia y secuestros.
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El juicio por la Causa Laguna Paiva II se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.
Maiquel Torcatt / Aire Digital
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el D-2 integraba el circuito represivo de la ciudad de Santa Fe, junto con Comisarías, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR), unidades penitenciarias y dependencias judiciales que, en distintos casos, contribuyeron a otorgar apariencia de legalidad a detenciones ilegítimas. En ese ámbito, las víctimas eran mantenidas encapuchadas y esposadas, y sometidas a tormentos físicos y psicológicos, según lo acreditado a lo largo de varios juicios en la provincia.
Los casos que se juzgan
Entre los hechos que llegaron a juicio se encuentran los secuestros de María Ceferina Páez y su esposo, Luis Santiago Medina, ocurridos el 8 de febrero de 1980 en la ciudad de Esperanza. La investigación indica que la mujer fue trasladada a dependencias policiales y luego al D-2, donde fue interrogada acerca del paradero de su hermano Arnaldo Catalino Páez. Posteriormente, habría sido víctima de violencia sexual y permaneció cautiva en distintas dependencias hasta su traslado a una unidad penitenciaria.
El 12 de febrero de ese año, un grupo armado irrumpió en un campo del paraje Los Pocitos, donde residía Miguel Guilfredo Páez y Elba Marcelina Medina junto a sus hijos. Toda la familia fue interrogada por el paradero de Catalino Páez, hermano de Miguel, quien fue sometido a torturas con picana eléctrica, mientras que su esposa e hijos también fueron privados de la libertad. Una de sus hijas, de 14 años al momento de los hechos, habría sido vendada, golpeada y sometida a tormentos con picana eléctrica antes de ser trasladada a Santa Fe y luego reunida con parte de su familia.
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También se reconstruye el secuestro de Arnaldo Catalino Páez, quien habría sido trasladado a un centro clandestino en zona rural y sometido a torturas. Su esposa, Juana Tomasa Medina, permaneció vendada dentro de un vehículo mientras escuchaba los tormentos. Ambos fueron luego derivados al D-2 y posteriormente a la GIR.
El juicio incluye además el caso de Leonel Oscar Gaitán, detenido en junio de 1980, quien habría sido trasladado a la denominada “Casita” de Santo Tomé donde fue torturado, y posteriormente derivado a distintas dependencias hasta su traslado a una unidad penitenciaria.
Asimismo, se analiza la situación de Roberto Manuel Soria, detenido el 18 de abril de ese año, quien habría sido sometido a torturas en el D-2 y en la GIR antes de ser trasladado a distintos penales. Según lo reconstruido en la pesquisa, en su caso, tras ser torturado con picana y haber estado horas con el cuerpo suspendido, fue revisado por un médico que constató su mal estado físico, pero consideró que “podían seguir dándole”.
Seis niños a la deriva
Otro de los hechos abordados en el debate ocurrió el 15 de febrero de 1980 en la localidad bonaerense de Lima, donde personal policial irrumpió sin orden judicial en una ladrillera y secuestró a Arnaldo Catalino Páez, a su esposa y al hijo mayor del matrimonio, Mario Ángel Páez.
Como consecuencia del operativo, otros seis hijos del matrimonio —de entre un mes y medio y 12 años— quedaron abandonados. Guiados por la mayor de las hijas, los niños debieron desplazarse por sus propios medios en busca de ayuda y, tras regresar al lugar, encontraron la vivienda saqueada. Posteriormente, los mayores tuvieron que trabajar para conseguir alimento, hasta que fueron trasladados por la Cruz Roja a San Nicolás a distintos hogares hasta que pudieron reencontrarse con su madre.
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La Fiscalía destacó que este abandono no fue una consecuencia accidental sino una derivación directa del procedimiento ilegal.
Persecución a trabajadores de Laguna Paiva
El debate también aborda la persecución contra trabajadores ferroviarios, militantes políticos y vecinos de Laguna Paiva —ciudad marcada por su fuerte tradición obrera y sindical— en el marco de un accionar sistemático dirigido contra sectores vinculados al movimiento obrero.
Entre los casos se encuentran los de Daniel Emilio Acosta y Juan Anselmo Miranda, ambos empleados policiales detenidos en marzo de 1980, quienes fueron trasladados al D-2 y posteriormente a distintas unidades penitenciarias.
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Asimismo, se juzgan los secuestros de Pedro Pablo Moncagatta, Juan Carlos Sánchez y Carlos Luis Szuban, ocurridos en abril de ese año. Según la acusación, las víctimas fueron sometidas a tormentos, incluyendo golpes, exposición a bajas temperaturas y suspensión del cuerpo.
También se analizarán los casos de Hugo Alberto Silva, Ricardo Galván y Juan Carlos Oliver, quienes habrían sido detenidos en distintos operativos y trasladados al D-2, donde fueron interrogados bajo tortura antes de su derivación a otras dependencias.
