La jueza Eleonora Verón dictó prisión preventiva efectiva por 90 días para el fiscal Gustavo Ponce Asahad. La decisión llegó luego de una extensa audiencia que se desarrolló este martes en el Centro de Justicia Penal. El funcionario del MPA está acusado de haber exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores. Ponce Asahad seguirá preso mientras avanza la investigación. En tanto el colaborador del fiscal, Nelson Ugolini quedó en libertad con restricciones por el plazo de 90 días y deberá fijar domicilio de forma semanal ante la OGJ y tendrá que afrontar una caución de $4982 dólares.
Ponce Asahad está acusado de delitos por incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho
Los fiscales Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, habían solicitado la imputación de Ugolini, el secretario de Ponce Asahad, como participe de la operación oscura en la que están involucrados el fiscal y su jefe Patricio Serjal, quien renunció este lunes. A Urgolini se le atribuyen los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario, todos en concurso ideal y en grado consumado. Y no investigar hechos que podrían construir delitos e interferir en las investigaciones en curso, así como retardar u omitir dictámenes propios de su competencia para que no prosperen posibles imputaciones.
En la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal, los fiscales Schiappa Pietra y Edery enumeraron en detalle los hechos en los que estuvo involucrado Ponce Asahad, y aportaron pruebas para confirmar los dichos del arrepentido Lenadro Peiti, quien declaró la semana pasada y reveló toda la cadena de coimas.
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“No va a haber más casos en los que se pueda comprobar que desde la cabeza de una fiscalía se regule una actividad criminal”, aseguró Schiappa Pietra al final de su alocución en la audiencia.
Los fiscales revelaron que desde diciembre de 2018 Ponce y Serjal habrían cobrado coimas de entre 4.000 y 5000 dólares al empresario Leandro Peiti, quien está imputado por manejar el negocio del juego clandestino.
Peiti es un empresario que se mueve en dos universos paralelos, por un lado, en el plano legal, incluso con compañías en el exterior, como en Paraguay, y por otro en las sombras de los negocios turbios, como el juego clandestino, que históricamente fue tolerado como uno de esos delitos benignos que sirven para alimentar, sin causar demasiados perjuicios ni víctimas, las cajas negras de la policía.
Peiti pagaba coimas a los funcionarios del MPA desde diciembre de 2018, con quienes mantuvo alrededor de 30 encuentros en distintos lugares de Rosario y de Capital Federal. Según explicó Edery, Ponce se acercó al empresario para advertirle que “estaba siendo investigado en Melincué”, por el fiscal Matías Merlo. A partir de ese momento, según el arrepentido, empezó a aportar dinero a Ponce, luego se sumaría Serjal.
Los “sobres” eran de entre 4.000 y 5.000 dólares mensuales. En la causa está el registro de las cámaras de seguridad cuando se concreta uno de los pagos en la cochera del restaurante Ceviche, en Jujuy y Oroño. También en el pasaje Rosario, a pocos metros de Tribunales.
La comprobación del sistema de coimas llegó luego de que el fiscal Merlo solicitara a Ponce llevar adelante allanamientos en los locales de juego clandestino que pertenecían a Peiti. Los operativos nunca se realizaron y el empresario cerró sus negocios.
En la audiencia se reveló que en julio pasado, cuando Peiti era investigado por Edery y Schiappa Pietra, Serjal y Ponce se dirigieron a las oficinas del Organismo de Investigacionespara ver la causa. En ese momento estaba intervenido el teléfono celular de Peiti, al que estaban escuchando en la causa. Después de la visita de los fiscales, Peiti destruyó el teléfono y dejaron de poder seguir sus conversaciones.
El pasado 30 de junio de 2020 Ponce le informó a Peiti la existencia la investigación que lo tenia como sospechoso y le advirtió sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono lo cual motivo que el empresario dejara de utilizar su linea que se encontraba intervenida desde el 22 de junio de 2020. Además le pidió $100 mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y que el mismo quedara como victima.
Ponce y Serjal se contactaron con Peiti a través de su secretaria. El 10 de julio la secretaria de Peiti recibió un llamado del ex diputado peronista Darío Scataglini. El diálogo fue el siguiente:
Secretaria de Peiti-Si: ¿Quién habla?
Scataglini: Sí, buenas noches, Darío Scataglini, necesitaría hablar con Leo.
Secretaria de Peiti: Mirá , habla la secretaría, yo tengo este teléfono pero le aviso que lo llamaste y que se comunique
Scataglini: Si, te dejo un número por favor.
Secretaria de Peiti: Para, decime que se lo paso, decime.
Scataglini: Número de teléfono
Secretaria de Peiti: Dario…
Scataglini: Llamo de parte del senador Traferri.
La Jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó a Nelson Ugolini la libertad con restricciones por el plazo de 90 días; fijar domicilio, firma semanal ante la OGJ y una caución de $4982 dólares a depositar en cuenta judicial; y a Gustavo Ponce Asahad la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.
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