El gobierno uruguayo decretó una emergencia hídrica para Montevideo y alrededores como consecuencia de la larguísima sequía que vació las reservas de la represa de Paso Severino,
Agua salada que sale de la canilla, protestas sociales, obras de infraestructura de emergencia, acusaciones cruzadas, alertas por problemas de salud. El cuadro de situación que desde hace meses atraviesan los habitantes de Montevideo (1,4 millones) por la cada vez menos saludable agua potable que se ven obligados a consumir es inédito y alarmante, en un país cuya geografía de verdes praderas y pastizales no está asociada, a priori, a situaciones de déficit hídrico como la actual.
Sin embargo, eso es lo que está ocurriendo ahora en Uruguay, donde el gobierno de Luis Lacalle Pou (conservador) tuvo que decretar el lunes pasado una emergencia hídrica para Montevideo y alrededores como consecuencia de la larguísima sequía que vació las reservas de la represa de Paso Severino, apenas con el 5,66% de su capacidad (su mínimo histórico), de acuerdo a datos de Obras Sanitarias del Estado (OSE), mientras que los niveles de la cuenca Santa Lucía están entre un 6% y un 7% de su capacidad.
Esto llevó a que comenzara a usarse agua para potabilizar proveniente del río de la Plata -que recibe corrientes oceánicas saladas- y no solo de ríos de agua dulce, lo que empeoró sensiblemente la calidad. Un dato llamativo: en 2004, Uruguay incorporó a su Constitución un artículo que establece que el agua es un recurso natural esencial para la vida, lo que lo convirtió en el primer país del mundo en declarar el acceso al agua como un derecho humano.
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En una conferencia de prensa brindada en la llamada Torre Ejecutiva el lunes pasado, Lacalle Pou anunció la entrada en vigor de una emergencia hídrica con el objetivo de “tener procesos jurídicos más rápidos y más sencillos” tanto para acelerar obras de infraestructura hídrica como para poder intervenir con medidas fiscales a nivel económico.
Por un lado, el gobierno uruguayo quiere agilizar -tarde, para muchos- la construcción de una obra que habilitará otra fuente de agua potable en el río San José. “Ya la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado ha encargado la cañería en este caso al Brasil y un plastiducto a la Argentina y vamos a tener llegadas semanales de determinado metraje del mismo”, detalló Lacalle Pou, quien dijo que el plazo máximo previsto para culminar la obra era de 30, con una inversión de alrededor de 20 millones de dólares.
Una vez que el agua de la canilla comenzó a salir salada, hace más de un mes, la venta de agua embotellada se triplicó. Es que, con los ríos de agua dulce y los embalses casi vacíos por la falta de lluvias de los últimos tres años, la empresa estatal de aguas comenzó a tomar recursos hídricos del Río de la Plata y le solicitó al Ministerio de Salud Pública que permitiera aumentar los niveles de sodio y de cloro, que pasaron de 200 a 440 miligramos y 700 miligramos por litro respectivamente. Un número que, para el sodio, más que duplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son 200 miligramos.
La desesperación por tener agua de calidad multiplicó la compra de agua embotellada, un bien accesible solo a porciones de la población con mejores recursos económicos. Para intentar paliar esa desigualdad, el gobierno decidió esta semana exonerar de impuestos la venta de agua embotellada.
Un agua de mala calidad y con niveles muy superiores a los recomendados de sodio es, ante todo, un grave problema de salud pública. A eso apuntan las medidas de Lacalle Pou, que dijo además que la emergencia hídrica debería servir para bajar el precio del agua comercializada. A eso se le sumará la garantía de un suministro especial -sin el nivel aumentado de sodio y cloro presente en el actual que brinda OSE en Montevideo y alrededores- para los hospitales y otros centros de cuidado de adultos mayores, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
“Suponemos que el precio tiene que bajar de manera sensible”, dijo el presidente, quien además informó que se va a extender el suministro gratuito de dos litros de agua por día para beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y aclaró que está garantizada el agua potable en hospitales, geriátricos y centros de atención a la infancia.
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En mayo pasado, desde el Ministerio de Salud Pública y desde diferentes ámbitos médicos como Colegios y facultades se pidió a la población de Montevideo que, en la medida de los posible, se redujera al máximo el agregado de sal en los alimentos, sobre todo en franjas etarias sensibles (bebés, niños, ancianos) y en personas con situaciones de salud particulares (embarazadas, hipertensos, pacientes cardíacos).
La crisis hídrica en Uruguay desató pases de factura de la política y también críticas de organizaciones y referentes socioambientales, actores para los cuáles lo que pasa tiene que ver con una mala gestión territorial del recurso y falta de decisión política del actual gobierno conservador.
Desde el Frente Amplio denunciaron que bajo la actual gestión hubo recortes en la plantilla de OSE y una baja de la inversión estatal y que eso repercutió en las capacidades de gestión de ese organismo estatal: “el gobierno de Lacalle Pou ajustó el presupuesto un 30 por ciento y también recortó las inversiones aproximadamente 30 millones con respecto a la década anterior: de 100 millones de dólares anuales a 68 millones” dijo el senador opositor Alejandro Sánchez, quien además agregó que el actual gobierno “decidió no seguir adelante con la represa de Casupá, que es una solución más estructural”.
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Por su parte, desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) explicaron que la falta de agua potable en Montevideo tiene que ver no solo con el déficit de lluvias, sino también con la mala gestión territorial del recurso, al haber privilegiado el riego de cultivos por sobre el consumo humano. “Hay que restaurar el monte indígena, dejar de plantar soja y los cultivos que son negativos para nuestros ecosistemas y el campo natural reverdece y eso hace que absorba el exceso de nitrógeno y fósforo”, señalaron desde esa organización.
Por su parte Eduardo Gudynas, referente académico del ambientalismo uruguayo, planteó en diversas apariciones públicas que la crisis del agua potable está enmarcada en “una crisis del manejo de recursos hídricos” a la que se suma, según explicó, un grave problema de contaminación de todas las grandes cuencas del país “por derivados de agrotóxicos relacionados con su uso incentivo, especialmente agrícola”.
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