A las pocas horas de conocerse el nuevo cajoneo al debate de la Ley, las más de 500 organizaciones socioambientales que impulsan el proyecto consensuado expresaron su “total y absoluto rechazo a su acción dilatoria con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”.
Con la posibilidad de avanzar con un dictamen favorable a la vuelta de la esquina, la alta política hizo lo suyo y diluyó, una vez más, la chance de avanzar con la sanción de una ley que cuide y ordene los usos productivos en los humedales de Argentina, valiosos ecosistemas que garantizan servicios ecosistémicos indispensables tanto para los humanos como para toda la naturaleza.
El feroz lobby desatado por las entidades agropecuarias y la presión de los gobernadores de las provincias mineras del norte presionaron a los legisladores de los bloques mayoritarios, que a través de los jefes de sus bancadas tumbaron el debate y lo postergaron hasta nuevo aviso, sin fecha concreta por el momento.
"Se impuso el lobby: se pospuso la reunión", tuiteó el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), presidente de la comisión de Recursos Naturales e impulsor del proyecto consensuado con las organizaciones socioambientales. "Después de semanas de trabajar para tener un dictamen de la Ley de Humedales, recibí un comunicado en el que los distintos presidentes de bloque de Diputados informan la postergación del plenario”, agregó.
La decepción fue grande el pasado miércoles a la noche, cuando comenzó a circular -después de varios días de feroz campaña mediática en contra de la normativa por parte de los grandes sectores económicos- un comunicado firmado por los dos presidentes de los bloques mayoritarios de la Cámara Baja (Germán Martínez por el Frente de Todos y Cristian Ritondo por el PRO) avisando la postergación sin fecha del plenario de comisiones (Agricultura, Recursos Naturales y Presupuesto) prevista para el jueves a la mañana, durante el cual se esperaba avanzar con un dictamen de mayoría para el proyecto consensuado, que había sido introducido por el diputado Grosso.
La maniobra sorprendió y causó rechazo en los movimientos ambientalistas, que hace 10 años trabajan en este proyecto de ley, así como en los diputados que esperaban poder avanzar con el debate, como Graciela Camaño (Consenso Federal) y su colega del partido socialista Enrique Estévez, quienes salieron luego a decir que la suspensión del plenario fue ilegal. "El plenario de comisiones fue decidido por el cuerpo mediante una moción de emplazamiento que de ninguna manera puede ser reinterpretada por los presidentes de bloque. No se encuentra ningún artículo en el reglamento que avale la irregularidad cometida", señalaron en una nota que le enviaron a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau.
A las pocas horas de conocerse el nuevo cajoneo al debate de la Ley (que hace 10 años va y viene en el Congreso de la Nación), las más de 500 organizaciones socioambientales que impulsan el proyecto consensuado expresaron su “total y absoluto rechazo a su acción dilatoria con el objeto de escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”. “Es una verdadera decepción que representantes del pueblo continúen ignorando todo el trabajo y discusiones que se viene dando en torno a la Ley de Humedales desde hace más de 10 años, y que sigan sin advertir y dar respuesta inmediata a los graves procesos de pérdida y degradación de humedales” dice el documento, firmado -entre muchísimos otros actores- por la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Amigos de la Reserva de Villa Gobernador Gálvez, Capibara, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, Aves Argentinas, Canoa, Cepronat, El Paraná No Se Toca, la Multisectorial por los Humedales y el Taller Ecologista de Rosario.
También recordaron que “sin ecosistemas sanos no hay producción ni vida posible”, por lo que es “urgente” proteger la enorme diversidad de humedales del país que se ve reflejada en el Inventario Nacional de Humedales que viene realizando la máxima autoridad ambiental nacional con especialistas científicos en humedales. “Son fuentes de agua dulce, alimentos y medicinas, entre tantos otros beneficios ecosistémicos, que contribuyen a hacer efectiva la realización del derecho humano a gozar de un ambiente sano, digno y diverso, y el derecho a la salud”, agregaron.
En medio de una guerra mediática sobre qué consecuencias podría tener una normativa que ordene el uso de estos ecosistemas, desde la Multisectorial por los Humedales difundieron un breve texto que desmonta, una por una, las “falacias” repetidas por dirigentes de las entidades gremiales del campo y por varios políticos:
“1- Los pobladores históricos serían desalojados de los ambientes de humedal.
Falso. No hay un solo artículo que implique este accionar. Conservar el humedal es conservar a la gente que lo ha sabido habitar por generaciones. Es el descontrol y el ingreso de actividades productivas no sostenibles lo que sí está corriendo a estos pobladores.
2- Producir quedaría prohibido.
Falso. Las actividades productivas pueden tener lugar en la medida en que no resulten dañinas para los ecosistemas. Un número grande de actividades responden a esta característica.
3- La ley atenta contra la propiedad privada.
Falso. La ley no va contra la propiedad privada, pero sí avanza hacia la preservación de los bienes comunes.
4- La ley aumentaría los niveles de pobreza e indigencia.
Falso. Conservar territorios que proveen servicios ambientales para millones de seres humanos no produce pobreza, sino que, por el contrario, hace posible una vida digna.
5- Es un dictamen exprés
Falso. ¿Después de diez años de debate? ¿Viven en la luna?
6- El campo y la Sociedad Rural son la Argentina Federal.
Falso. Son solo un grupo minoritario con mucho poder político y económico. No representan ni a los pueblos ni a las comunidades, quienes sí son la encarnación del concepto de federalismo.
7- No tiene sentido sancionar leyes si leyes ya hay ni siquiera se cumplen.
Falso. Es verdad, hay leyes y ordenanzas vigentes, pero eso no anula la necesidad de una ley de humedales nacional. Y en cuanto a que en Argentina la ley no se cumple, la solución no es cerrar el Congreso, sino activar en pos de hacerlas cumplir.
8- La ley no va a apagar el fuego y por eso su sanción no tiene sentido.
Falso. La ley no se centra en la quema, que es solo uno de los tantos modos de devastar humedales. La ley se centra en conceder un piso mínimo de protección para todos los humedales a lo largo y ancho del país, la mayoría de los cuales se está básicamente extinguiendo gracias a la presencia de modos de producción degradativos.
¿Por qué a alguien podría molestarle tanto producir sustentablemente?”, concluye el texto.
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