Los debates parlamentarios de la semana pasada apenas cambiaron el escenario que el gobierno de Javier Milei propone para la protección de la naturaleza en Argentina.
Fuera del núcleo central de interés de la mayoría de los diputados, el “capítulo ambiental” se discutió poco y nada y, salvo una vuelta atrás en partes de la Ley de Bosques, dos de los ecosistemas más valiosos del país están al borde de quedar todavía más amenazados que antes.
Se trata de los glaciares y de los humedales, territorios sobre los cuales existe una feroz presión del lobby minero principalmente, así como también del agronegocio.
En los últimos días, y tras aprobarse en general la llamada Ley Ómnibus en la Cámara baja, las organizaciones socioambientales de todo el país salieron de vuelta a elevar la alerta sobre lo que puede significar si, durante la discusión de los artículos en particular que arranca este martes en el Congreso, se sigue avanzando en la destrucción de la institucionalidad ambiental argentina.
Es así que desde Greenpeace expresaron su “total rechazo a esta regresión ambiental que pone en serio riesgo a ecosistemas fundamentales para la vida humana como los glaciares y los humedales”.
Esa organización, junto a centenares de otras, siguen pidiendo que las leyes ambientales que ya existen y que fueron fruto de muchos años de trabajo y debate (Ley de Bosques, Ley de Glaciares, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Tierras, por ejemplo) no sean modificadas cuando se concrete la votación de los artículos en particular.
Hasta ahora, de las modificaciones propuestas a las leyes de Bosques, Glaciares, Quemas y de Manejo del Fuego, la única que se excluyó del texto fue el desfinanciamiento de la Ley de Bosques, la cual quedó finalmente intacta.
Sin embargo, los cambios en el objeto de la Ley de Glaciares para habilitar a proyectos mineros e hidrocarburíferos en el ambiente periglacial pondrán en riesgo a las reservas de agua dulce.
Humedales, bajo fuego
“Lo que ocurrió es un voto vergonzoso para los glaciares y los humedales”, sostuvo Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino. Desde la organización advierten por las modificaciones en la Ley de Quemas y la Ley de Manejo de Fuego, que afectarán directamente a humedales y pastizales.
Los cambios en la Ley de Quemas introducen que las autorizaciones para quemas deberán ser expedidas en 90 días y, si la misma no ocurriese en ese plazo, se puede considerar una autorización tácita. A su vez, se derogan artículos en la Ley de Manejo del Fuego que implicaban prohibiciones en la venta o el tipo de uso de la tierra posterior a una quema.
“Los incendios en bosques, humedales y pastizales cada vez son más recurrentes. En la actualidad, hay varios puntos de la Patagonia bajo fuego. El Parque Nacional Los Alerces ya perdió más de 2.000 hectáreas. Los recursos a la fecha son insuficientes para combatir los fuegos, se necesita mayor infraestructura y brigadistas para combatirlos. La flexibilización de estas leyes ambientales sólo facilitará que haya más incendios, en su mayoría intencionales”, agregó Salas.
Lobby minero, sin freno
Otro nudo central de la discusión sobre el capítulo ambiental de la Ley Ómnibus es la Ley de Glaciares, que en la práctica funciona como una salvaguarda que limita la actividad de la megaminería en zonas consideradas muy sensibles, al ser lugares de abastecimiento de agua dulce.
Esta semana, más de 150 organizaciones ambientalistas -como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas- salieron a reiterar su “profunda preocupación y total repudio ante la escandalosa maniobra de lobby de las grandes mineras transnacionales” en el Congreso Nacional, en el marco del tratamiento de la Ley Ómnibus.
Para estas organizaciones, el intento por parte del gobierno de Javier Milei de modificar regresivamente la Ley de Glaciares “es un claro ataque a la protección ambiental y a los bienes naturales estratégicos de nuestro país”.
En ese sentido, argumentaron que la Ley de Glaciares es una pieza fundamental de legislación ambiental que busca preservar uno de los ecosistemas fundamentales para la vida y trabajo de la población cordillerana.
“Este ataque es inaceptable y evidencia la influencia desproporcionada que las grandes corporaciones mineras tienen sobre nuestra democracia, específicamente sobre los gobiernos provinciales y el Congreso Nacional”.
Más en detalle, explicaron que estas modificaciones regresivas buscan autorizar la actividad minera en zonas actualmente protegidas, donde se encuentran glaciares y ambiente periglaciar, lo que abre la puerta a su destrucción “perjudicando gravemente el equilibrio ecológico y la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos ecosistemas”.
Para la AAAA si las regresiones a la Ley de Glaciares efectivamente son aprobadas “será únicamente porque los poderes provinciales y diputados nacionales han cedido ante el lobby de las grandes mineras transnacionales”.
En ese punto, hicieron un llamado a los representantes provinciales para que asuman su “responsabilidad histórica e institucional” de demostrarle a la población “que no ceden ante el lobby minero”.
Finalmente, repitieron que las organizaciones sociales y ambientales de todo el país “exigen a los diputados nacionales de todos los partidos que rechacen categóricamente las modificaciones a la Ley de Glaciares”.