El llamado plebiscito “de salida” busca que los habitantes de ese país decidan si reemplazan o no a la actual Constitución, sancionada en 1980 cuando gobernaba el dictador militar Augusto Pinochet. La propuesta fue elaborada por una Convención Constitucional que debatió durante meses, y que fue a su vez la respuesta institucional a una larguísima crisis social que trastocó por completo la realidad de ese país durante los últimos años, al punto de discutir sobre las bases mismas de organización del Estado, como la Constitución.
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Este domingo 4 de septiembre los habitantes de Chile irán una vez más a las urnas para decidir de manera democrática si aceptan o rechazan el nuevo texto propuesto para la Constitución Nacional.
El proyecto es novedoso en muchos sentidos y aborda la crisis ecológica desde la raíz. De aprobarse -las encuestas hablan de una gran paridad entre las dos mociones- Chile será el primer país del mundo en definirse como un "Estado ecológico" y en utilizar el término de "crisis climática" en su ley máxima.
Un texto pionero
Según un análisis difundido por la ONG Periodistas Por el Planeta (PxP) el nuevo texto también incluye el derecho a "un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado", la obligación del Estado de "adoptar una administración ecológicamente responsable", la protección de la "función ecológica de la tierra" y la necesidad de determinar la "función social y ecológica" de la propiedad, entre otros. Por ejemplo, el artículo 8 establece que: "Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman un todo inseparable con ella. El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad".
Además, el proyecto propone que la gestión y protección del medio ambiente sea tomada de manera transversal, como ilustra el hecho de que 98 artículos sobre un total de 388) estén relacionados de forma directa o indirecta con el medio ambiente.
Un nuevo Estado
La propuesta de nueva Constitución que será refrendada o rechazada en las urnas establece que el Estado “tiene el deber de prevenir, adaptarse y mitigar los riesgos, vulnerabilidades y efectos causados por la crisis climática y ecológica”, así como de “proteger la biodiversidad, conservando, preservando y restaurando el hábitat de las especies silvestres autóctonas”.
A eso se agrega, de manera transversal, el respeto al derecho de la naturaleza “a existir, a regenerarse, a sostenerse y a restaurar sus funciones y equilibrios dinámicos”. Para llegar a eso los mares territoriales, las playas, el agua y el aire se reconocen como “bienes comunes naturales”. Será tarea del Estado -si gana el ”apruebo”- custodiar esos bienes, con el objetivo máximo de asegurar un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras.
Hay también una mayor dosis de federalismo en la propuesta, que busca que las regiones y municipios sumen atributos de autonomía en materia ambiental, a la vez que abre las puertas a una mayor participación ciudadana a tono con lo que establece, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú.
Un resultado incierto
Las encuestas que se difundieron hasta los últimos días de agosto pronosticaban en su mayoría un triunfo del “Rechazo”, lo que sepultaría las chances de que Chile renueve su Constitución. De todas maneras, expertos y analistas señalaron que el resultado está abierto y que dependerá mucho de quienes y cuántos vayan a votar.
El proceso de esta votación quedó muy vinculado al primer tramo del presidente Gabriel Boric, quien sufrió en los últimos meses una caída fuerte de su aceptación pública por problemas económicos, así como por los cambios que intenta llevar adelante, muy resistidos por los sectores con poder económico.
