Venezuela: Delcy Rodríguez impulsa una ley de amnistía para presos políticos y anuncia el cierre de El Helicoide
La presidenta encargada enviará al Parlamento un proyecto de amnistía general y ordenó clausurar El Helicoide, emblema de la represión en Venezuela.
El Helicoide, ubicado en Caracas, fue concebido en los años 50 como centro comercial, pero desde 2015 funciona como sede del SEBIN y se convirtió en uno de los símbolos más emblemáticos de la represión estatal en el país.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley de amnistía general para personas detenidas por motivos políticos y confirmó el cierre definitivo del centro de detención conocido como El Helicoide, uno de los símbolos más emblemáticos de la represión estatal en el país.
El anuncio fue realizado durante un acto oficial frente al Tribunal Supremo de Justicia, donde Rodríguez sostuvo que la iniciativa apunta a “favorecer la convivencia” y a descomprimir un escenario marcado por años de fuerte polarización política, tensiones sociales y denuncias sistemáticas por violaciones a los derechos humanos.
Según explicó, la propuesta fue consensuada con Nicolás Maduro y contempla no solo la liberación de los presos políticos, sino también la extinción de las causas judiciales en su contra, un paso legal que va más allá de las excarcelaciones parciales registradas en las últimas semanas.
Delcy Rodríguez Venezuela 1
Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela.
Organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales sostienen que aún permanecen detenidas cientos de personas por causas que consideran arbitrarias. En ese contexto, mientras el oficialismo asegura haber liberado a más de 600 detenidos, entidades de derechos humanos advierten que las cifras verificadas son sensiblemente menores y que muchas de las liberaciones están condicionadas por restricciones, como prohibiciones para salir del país o brindar declaraciones públicas.
La clausura de El Helicoide, un edificio ubicado en Caracas que durante años albergó a opositores, activistas y periodistas, fue presentada como un gesto de transformación institucional. El centro es señalado por múltiples testimonios como escenario de torturas, tratos crueles y detenciones ilegales.
No obstante, referentes de derechos humanos mantienen cautela respecto del alcance real de las medidas y reclaman garantías de transparencia, verificación independiente y cumplimiento efectivo de los anuncios. Advierten, además, que el cierre del penal y la eventual aprobación de la ley de amnistía deberán traducirse en cambios estructurales para evitar la repetición de prácticas represivas en el futuro.
