La nueva norma garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que atraviesen enfermedades incurables, irreversibles o que sufran dolores insoportables. La decisión, que marca un antes y un después en América Latina, despenaliza la práctica para quienes deseen poner fin a su vida en condiciones controladas y bajo supervisión médica.
Qué establece la ley de Muerte Digna
Según el texto aprobado, podrán acceder a este derecho los ciudadanos uruguayos y extranjeros residentes que acrediten vivir en el país. El procedimiento contempla una serie de pasos estrictos que garantizan el consentimiento informado y la intervención profesional de médicos acreditados.
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El proyecto garantiza el derecho a decidir sobre el final de la vida en casos de enfermedades irreversibles.
El senador colorado Ope Pasquet, uno de los principales impulsores, explicó que la ley “es necesaria, liberal y humanitaria”. En diálogo con la Agencia EFE, agregó: “Hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final”.
Próximos pasos: para la reglamentación y la comisión de control
Con la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los próximos 180 días. Luego, en un plazo de 90 días, se conformará la Comisión Honoraria de Revisión, encargada de supervisar los procedimientos de eutanasia y elaborar informes anuales.
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Esta comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Su función será asegurar que la aplicación de la ley respete los principios éticos, legales y de derechos humanos que la sustentan.
