Maltrato animal en Alicante: el dramático caso de los perros encadenados en un asentamiento chabolista
Un crudo caso de maltrato animal en Alicante reaviva el debate sobre la lentitud de la justicia y el rescate de mascotas.
Maltrato animal en Alicante.
El maltrato animal en Alicante encendió las alarmas de las organizaciones proteccionistas tras el hallazgo de una docena de perros en condiciones extremas.
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Los animales permanecían atados, desnutridos y con graves cuadros de salud en la zona de El Sabinar. La falta de respuestas rápidas generó una fuerte disputa entre los vecinos y las autoridades locales.
Maltrato animal en Alicante: qué pasó con los perros de San Vicente del Raspeig
La organización protectora Asoka El Grande detectó una situación dramática en un asentamiento de San Vicente del Raspeig. Al menos doce perros sufrían un abandono absoluto, lo que motivó una inmediata denuncia por maltrato animal ante la Guardia Civil. El cuadro con el que se encontraron los voluntarios constaba de:
- Animales desnutridos e infestados de garrapatas.
- Mascotas obligadas a beber agua estancada y encadenadas las 24 horas.
- Ejemplares encerrados en jaulas bajo altas temperaturas con leishmaniasis.
Hasta el momento, la protectora Asoka logró que la dueña entregara a tres de los perros que evidenciaban el peor estado físico, de los cuales solo uno tenía microchip. El resto de los caninos permanece en el predio a la espera de una resolución judicial definitiva.
Cuál es la respuesta de las autoridades ante la denuncia por maltrato animal
La indignación de la protectora Asoka radica en las demoras administrativas. Según expresaron los voluntarios, las distintas fuerzas de seguridad se pasaron la responsabilidad institucional durante más de 20 días sin retirar a los ejemplares en riesgo.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig emitió un comunicado afirmando que el protocolo local ya está activo. Tras realizar inspecciones con veterinarios del área de Sanidad, informaron que se abrirá un expediente por infracciones administrativas. Sin embargo, aclararon que a primera vista no se detectó un riesgo vital inmediato que justifique el secuestro penal urgente.
El principal temor de los activistas es la reincidencia, dado que la propietaria acumula denuncias similares desde 2021. En aquella oportunidad, las autoridades sanitarias llegaron a encontrar el cadáver de un burro en las mismas instalaciones.