Pese a algunas concesiones del Gobierno y a una semana de represión a las movilizaciones, las protestas se mantuvieron esta semana en varias ciudades de Colombia, mientras se multiplicaron las denuncias dentro y fuera del territorio por el "uso excesivo de la fuerza" de la policía y se convocó para este miércoles a otra gran movilización nacional, en coincidencia con una mesa de diálogo que abrirá el presidente Iván Duque.
Sindicatos y organizaciones sociales se enfrentan al Gobierno de Duque en Colombia.
Estudiantes, trabajadores, indígenas y otros grupos de la sociedad civil participaron este martes en manifestaciones y piquetes en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, en una señal de que la convulsión social desatada por la propuesta de reforma tributaria del Gobierno no terminó, según reportó el diario El Tiempo.
Aunque Duque retiró la resistida reforma y prometió redactar otra y que el ministro de Haciendo presentó su renuncia, el Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 40 organizaciones, redobló este martes la apuesta con el llamado a una nueva movilización.
Todo pese a que Duque anunció la creación de una mesa diálogo nacional que incluirá a los sectores y actores del país en busca de soluciones al descontento ciudadano.
"Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. No deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil", subrayó el mandatario, en un mensaje que replicó su cuenta de la red Twitter.
Las reuniones comenzarán este miércoles con presencia de "las Cortes, los entes de control, la Fiscalía, los presidentes de Senado y Cámara, y también representantes de la sociedad civil, los gobernadores, alcaldes, asociaciones, el sector privado y a quienes están en las Juntas de Acción Comunal, entre otros", explicó el mandatario.
En paralelo, mientras el Comité Nacional del Paro insistió en su llamado a marchar, ahora con nuevas reivindicaciones, entre ellas el retiro del proyecto de reforma de salud, un mejor manejo de la pandemia y una renta básica acorde a la canasta de alimentos.
El Gobierno anunció que enviará más de mil hombres de las Fuerzas Militares y el Ejército para reforzar la seguridad en Cali, militarizada por la fuerte represión y los disturbios que ésta generó desde el inicio de la protestas.
Una respuesta que desde la oposición ven como una estrategia para "deslegitimar la movilización social" y "una toma de la ciudad por parte del uribismo ante un Gobierno local que se ha planteado alternativo", denunció Eroza, en referencia al sector de derecha más dura que encabeza el exmandatario y aliado del actual presidente, Álvaro Uribe.
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No obstante, para algunos sectores del oficialista Centro Democrático, fundado por Uribe, la militarización es insuficiente para hacer frente a los disturbios de los últimos días.
En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal y 89 habrían desaparecido, según un balance de la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos hablan de un número mayor de víctimas, como la plataforma Grita, que cifra en 1.181 los casos de violencia policial entre el 28 de abril y el 3 de mayo, de los cuales 142 fueron de violencia física, 26 de violencia homicida, 56 de disparo de armas de fuego y nueve de violencia sexual por parte de la fuerza pública.
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