El presidente de Chile, Gabriel Boric, firmó este miércoles el decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura chilena, a días de cumplirse el 50 aniversario del golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet, perpetrado el 11 de septiembre de 1973.
Boric invitó a un acuerdo para nunca más "interrumpir la democracia por medio de la violencia". Foto: AFP
“Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad”, expresó el jefe de Estado en un acto en Plaza Constitución, al norte del Palacio de la Moneda, donde estuvo junto a políticos y familiares de víctimas de la dictadura (1973-1990).
El plan se refiere a la "desaparición forzada, de manera sistemática y permanente" y buscar responder a las "obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales", informó la Presidencia en su página web.
El plan fue iniciado en 2022, durante el primer año de Gobierno del presidente Boric y cuenta con un componente participativo inicial, ya que a modo de preparativos "se llevaron a cabo 67 encuentros en todo el país con la participación de 775 personas, además de 4 mil asistentes a seminarios y reuniones con autoridades".
El trabajo de elaboración del plan contó también con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y más actores relevantes.
El Ejecutivo chileno informó que el plan "tendrá una gobernanza permanente" además de un "presupuesto asignado", por lo que existirá como un instrumento de política pública que "deberá ser implementado, ejecutado y respetado por todo gobierno".
Si bien el Gobierno reconoce que se deben realizar más esfuerzos "para contar con el registro más preciso posible de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión", asegura que diversas investigaciones judiciales, junto al trabajo de distintas instancias como las comisiones generadas por el Estado, "han establecido que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer durante el periodo comprendido entre 1973 y 1990".
Y agrega que se ha llegado a estimar "sin certeza" que la cantidad de víctimas de desaparición forzada son 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos son 377.
Hasta el momento, se ha responsabilizado penalmente por desaparición forzada de víctimas a "agentes estatales en calidad de autores, cómplices o encubridores, y a civiles en las mismas calidades". Estos procesos han permitido identificar a 307 víctimas de desaparición forzada.
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