La fiscal general Pam Bondi anunció la medida en un video difundido en redes sociales, donde detalló que la recompensa pasa de USD 25 a 50 millones, al considerar que Maduro representa una amenaza para la seguridad nacional y opera en conjunto con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos.
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Vínculos con el narcotráfico y acusaciones federales
Bondi informó que la DEA incautó 30 toneladas de cocaína vinculadas al régimen venezolano, de las cuales siete toneladas estarían directamente relacionadas con Maduro. Parte de esa droga estaba adulterada con fentanilo, lo que habría provocado miles de muertes por sobredosis en EE.UU.
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Además, el Departamento de Justicia confiscó activos de Maduro por más de USD 700 millones, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos. A pesar de esto, advirtió Bondi, "el régimen de terror continúa".
“Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo”, expresó, al tiempo que instó al público a aportar información a través del número +1 202 307 4228 o del sitio web oficial del Departamento de Justicia.
recompensa por maduro
Estados Unidos anunció una recompensa de USD 50 millones por información que ayude al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro
El subsecretario de Estado, Cristóbal Landau, reforzó la postura del gobierno estadounidense: "Esto no es un tema diplomático, es un asunto criminal. Venezuela fue secuestrada por una organización delictiva", señaló en su cuenta de X (ex Twitter).
El régimen de Maduro es desconocido por Estados Unidos, que considera ilegítima su investidura tras las elecciones presidenciales de 2024, que diversos observadores internacionales calificaron como fraudulentas.
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En julio de 2024, las autoridades electorales venezolanas, controladas por el oficialismo, declararon vencedor a Maduro. Sin embargo, recuentos alternativos avalados por el Centro Carter y la Misión Electoral de Colombia atribuyeron el triunfo al opositor Edmundo González Urrutia, con el 67% de los votos.
Tras el conflicto electoral, González Urrutia debió exiliarse en España. El régimen emitió una orden de captura en su contra y ofreció una recompensa de USD 100.000 por información sobre su paradero.