El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una carta al gobernador de Texas debido a la instalación de un cerco de alambre y una barrera de boyas gigantes en el río Bravo. En la misma, se le hace saber la intención del Gobierno de presentar una acción legal al respecto.
"Las acciones del estado de Texas violan la ley federal, plantean preocupaciones humanitarias, presentan riesgos graves para la seguridad pública y el medio ambiente, y pueden interferir con la capacidad del gobierno federal para llevar a cabo sus deberes oficiales", explicó la misiva.
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El texto cita que existe una ley que "prohíbe la creación de cualquier obstrucción a la capacidad navegable de las aguas de los Estados Unidos, y además prohíbe la construcción de cualquier estructura en dichas aguas sin la autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos".
Esto es independiente de la evaluación en curso del maltrato a los migrantes, que el Departamento de Justicia describió como "informes preocupantes".
En su cuenta oficial de Texas, el gobernador Greg Abbott, sostuvo que "Texas tiene la autoridad soberana para defender nuestra frontera, según la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Texas".
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El gobernador republicano añadió que envío "numerosas cartas" al Gobierno de Joe Biden, incluyendo una que le entregó de forma personal al presidente, para defender la postura del estado.
Qué dice México sobre la barrera flotante
El Gobierno de México emitió la semana pasada una protesta formal contra la Casa Blanca al argumentar que la barrera flotante es una violación de tratados bilaterales.
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México denuncia que su instalación es una violación al artículo 17 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944, que estipula el libre uso del cauce de los ríos internacionales para las descargas de aguas o de otros excedentes, así como el Tratado de Límites de 1970.
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