Redacción Aire Digital
Por día nacen siete bebés de niñas menores de 15 años en Argentina y cada cada seis minutos una adolescente da a luz. Los datos surgen de un estudio de Unicef para nuestro país y se convierten en una alarma que atañe tanto a la salud pública como a los derechos humanos. El embarazo de niñas es una realidad preocupante en América: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) calcula que el 2% de las mujeres latinoamericanas en edad fértil tuvieron su primer parto antes de los 15 años.
Argentina no es ajena a esta realidad. Es por eso que organizaciones defensoras de derechos de niñas y mujeres se presentarán este viernes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C. Allí denunciarán los obstáculos que enfrentan para acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE) niñas y adolescentes de Argentina, víctimas de violencia sexual.
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Las organizaciones indicaron que anualmente en la Argentina “entre 2.500 y 3.000 niñas menores 15 años dan a luz. Embarazos a tan temprana edad presuponen abusos hacia esas niñas, por lo que se perpetúa una clara violación hacia sus derechos humanos y hacia su integridad”.
Puntualmente, alegarán ante la CIDH que el Estado “vulnera el inciso 2 artículo 86 del Código Penal que establece las excepciones para la penalización del aborto y que incumple lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL en relación al aborto no punible
La muerte debido a embarazos y partos es una principal causa de muertes entre las adolescentes en América Latina y el Caribe. +Info: https://t.co/9BbOQxoqdO#SaludJoven #EmbarazoAdolescente #SaludAdolescente #SaludUniversal pic.twitter.com/PwEMslQXuc
— OPS/OMS (@opsoms) February 26, 2018
Lucía, el caso testigo
El caso de la niña tucumana de 11 años embarazada por una violación que durante un mes no tuvo acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y fue obligada a parir, será presentado ante la CIDH como experiencia “testigo” del incumplimiento de las obligaciones del Estado.
“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, había dicho en Cámara Gesell Lucía, violada por la pareja de su abuela. La menor acudió junto a su madre a una clínica rural en la provincia de Tucumán luego de sufrir severos dolores de estómago durante varios días.
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Personal médico descubrió allí que la menor llevaba diecinueve semanas de embarazo y la refirieron a un hospital público en Banda del Río Salí, a las afueras de la capital, dos días después. Tanto la nena como su madre habían reiterado en varias oportunidades su intención de llevar adelante la Interrupción Legal del Embarazo. (ILE, vigente en el país desde 1921).
En los días siguientes la niña y sus familiares quedaron atrapadas en la disputa sobre el aborto en el país, mientras funcionarios locales y activistas intentaban que no se concretara la práctica. Desde 1921 en Argentina el aborto se ha permitido en casos de violación y cuando peligra la vida de la mujer embarazada.
Se señala al Ministerio de Salud local -encabezado por Rossana Chahla- por no cumplir con el protocolo estipulado para estos casos. Al mismo tiempo, el hospital permitió que activistas en contra de la legalización del aborto visitaran la habitación de Lucía. Hasta la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se expidió en contra del accionar del gobierno.
El de Lucía no es un caso aislado sino que forma parte de un patrón que refleja los obstáculos que el Estado suele poner en el camino a las niñas.
Federalismo
En la audiencia ante la CIDH, las organizaciones también apuntarán contra las provincias que, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo elaborado en el 2015 y modificado en el 2016.
En la actualidad, son 6 las provincias que no poseen protocolo ni adhirieron al nacional para dar cumplimiento a los abortos por las tres causales contempladas en la ley. Se trata de Catamarca, Corrientes, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Formosa. Además, algunas provincias tienen un protocolo restrictivo en donde se exigen requisitos que van más allá de los contenidos de la legislación: Neuquén, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.
#Dato: La ventaja de los opositores a la interrupción voluntaria del embarazo se da entre los senadores hombres mayores de 50 años y en las provincias del norte donde tiene más presencia la Iglesia.
Fuente: https://t.co/zAnCwOIQNk#ElMundoGritaAbortoLegal pic.twitter.com/HpfRyymgl4
— Leonardo Rébola (@leonardorebola) August 8, 2018
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De acuerdo a datos de Unicef, en provincias del norte -como Chaco, Formosa o Misiones- uno de cada cinco nacimientos corresponde a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
En el pedido de audiencia y de la denuncia participan “redes de América Central (El Salvador y Guatemala) y Redes de América del Sur (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay), donde con ligeras variantes esta violación de derechos se repite”, manifestaron desde un comunicado. Además, se hablará de los obstáculos para acceder a la Educación Sexual Integral (ESI).
En Washington D.C. se presentarán el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia; el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (Casacidn) y las coaliciones nacionales integrantes de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc); abogados del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes); y el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Argentina (Cladem).
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