miércoles 26 de febrero de 2020
Gritos de la Tierra | Medio ambiente |

Piden que Nación adopte los temas ambientales "como política de Estado"

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales reclama leyes, control y planificación para defender la biodiversidad y enfrentar el cambio climático.

La crisis económica y social que atraviesa Argentina tiene una dimensión climática y ambiental que debe ser atendida desde el poder público para construir más y mejor desarrollo. Así lo entienden desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), uno de los más respetados centros de pensamiento del país en materia de ecología y sustentabilidad.

En una carta pública “a quienes deciden el destino de la Argentina” esa organización pide que “lo ambiental sea política de Estado” y enumera los aspectos sobre los cuales falta avanzar tanto en lo legislativo como en la ejecución y control sobre el territorio: cambio climático, transición energética, gestión de residuos y protección de la biodiversidad son algunos de los desafíos pendientes.

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Otro de los reclamos es que se sancione una ley que regule las aplicaciones de herbicidas y plaguicidas, y con controles eficientes.

Otro de los reclamos es que se sancione una ley que regule las aplicaciones de herbicidas y plaguicidas, y con controles eficientes.

Para eso, falta completar un menú de leyes y normativas que estén a la altura de una época marcada por la crisis climática y ecológica tanto a nivel global como regional: esto debería incluir programas de educación ambiental, un sistema eficaz de estudios de impactos ambientales, la incorporación de esos delitos al código penal, una ley que regule las aplicaciones de agroquímicos, marcos legales para los residuos electrónicos y mucha más protección en relación a las áreas protegidas y la biodiversidad.

Cambio climático y energía

En Santa Fe, Argentina y el mundo las evidencias sobre los impactos del calentamiento global son cotidianas. Por eso los nuevos gobiernos en sus diferentes niveles tienen que avanzar, según la Farn, en la “adopción de políticas que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Acuerdo de París”, lo que implica reducir a la mitad las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030.

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La protección de los glaciares, que se están replegando en el país, es otro punto clave.

La protección de los glaciares, que se están replegando en el país, es otro punto clave.

“Una de las primeras acciones que deberán abordarse es la implementación de la Ley de Cambio Climático recientemente sancionada y establecer acciones que involucren a las provincias en el cumplimiento de los objetivos dispuestos por la norma”, explicaron desde esa organización.

La generación de energía de origen fósil es la principal causa de las emisiones contaminantes del país y explica el 86% de la energía primaria. Por eso la Farn expresó su preocupación ya que “la mayor parte de los proyectos en marcha parecen apuntar a consolidar su extracción, sin tener en consideración sus impactos sociales y ambientales”. Vaca Muerta es el mejor ejemplo de esto.

La rebelión popular que vivió Mendoza en las últimas semanas ante el intento del gobierno de esa provincia de habilitar la megaminería actualizó el debate sobre la protección de los glaciares.

También piden eliminar “cuanto antes” los subsidios a la extracción de los combustibles fósiles “que se encuentran entre los principales responsables de la crisis climática actual y comprenden el 53% del total de la contribución de GEI del país”. Cambiar la matriz energética es clave, y en ese punto Argentina tiene un extraordinario potencial en energías renovables, una industria “que puede generar empleo local y contribuir a consolidar una transición energética justa e inclusiva”.

Glaciares y Humedales

La rebelión popular que vivió Mendoza en las últimas semanas ante el intento del gobierno de esa provincia de habilitar la megaminería actualizó el debate sobre la protección de los glaciares, que si bien están protegidos por una ley nacional siguen expuestos a las alianzas de negocios que, muchas veces, la alta política establece con los grandes grupos económicos concentrados.

“Los emprendimientos mineros a gran escala no respetan la zona de prohibición sobre glaciares y ambiente periglacial que plantea la Ley de Glaciares, generan altísimos impactos ambientales y carecen de controles suficientes. Resulta fundamental revisar el modelo minero preponderante para que respete el Estado de Derecho, las normas ambientales y los derechos humanos”, dice el documento de trabajo de la Fundación.

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En relación a biodiversidad, Argentina tiene problemas no resueltos y uno de ellos es la protección de los Humedales, que cubren aproximadamente el 25% del territorio nacional. “Los humedales son uno de los ecosistemas en mayor retroceso. Si bien en la gestión anterior se ha avanzado en el desarrollo de un inventario, una Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales sigue siendo una gran deuda si se pretende salvaguardar estos ecosistemas” advirtieron los expertos.

Deforestación y agronegocio

Argentina continúa en emergencia forestal ya que ningún gobierno nacional (ni peronismo ni Cambiemos) le otorgó a la Ley de Bosques el financiamiento asignado. “Sin presupuesto no se pueden salvar nuestros bosques nativos”, denunciaron desde la Farn.

También expresaron la necesidad de incrementar la superficie de áreas protegidas y de avanzar en una reforma de la Ley de Parques Nacionales “para que se recepten nuevas categorías de áreas protegidas hoy no reconocidas en nuestra legislación”.

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Un capítulo aparte merece el agronegocio, que tal como se aplica y desarrolla en el país viene acompañado de “elevados impactos sociales y ambientales”. “Ante esto debemos promocionar los sistemas agroecológicos, que ya han demostrado respuestas positivas tanto desde lo ambiental como desde el desempeño económico”.

Fortalecer la ciudadanía ambiental

Si bien la vuelta de Ambiente al rango ministerial (había sido degradado a secretaría durante el gobierno de Mauricio Macri) “es un paso muy importante” todavía queda mucho camino por recorrer, comenzando por el desarrollo de una agenda ambiental que sea tanto interinstitucional como federal.

“Es primordial que el nuevo ministerio fortalezca su participación en el sistema de evaluación de impacto ambiental para aprender de los errores y evitar la aprobación de proyectos que traigan serias consecuencias ambientales y sociales”, dijeron desde la Fundación, desde donde también argumentaron que las decisiones que se tomen para fortalecer la agenda ambiental “deben integrar la mirada de los diversos actores involucrados, así como la de los posibles afectados”.

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