Si la nueva constitución se aprueba, Chile será uno de los primeros países en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. El Parque Nacional Huerquehue, cerca de Pucón.
Gastón Neffen | AIRE Digital
El acceso al agua como un derecho humano, la idea de una justicia intergeneracional, el concepto del buen vivir, la consagración de la naturaleza como sujeto de derechos y la prioridad a una acción climática justa son los ejes ecológicos sobre los cuáles se escribió el nuevo texto de la Constitución de Chile, que deberá ser aprobada o rechazada por su población el próximo mes de septiembre.
La propuesta elaborada por la Convención Constitucional surgida después de la larga crisis social que trastocó por completo la realidad de ese país durante los últimos años es, para muchos, un modelo desde lo ambiental. Y si bien algunos países de la región como Ecuador y Bolivia ya habían avanzado en un enfoque de protección de la naturaleza en sus Cartas Magnas, Chile fue más allá al proponer que sea un deber del Estado que las actividades humanas estén en equilibrio con la naturaleza a través de todas sus instituciones, no sólo aquellas dedicadas a temas medioambientales. Se trata de construir, en definitiva, un “Estado ecológico”.
Así lo establece el texto en su primer artículo, que señala que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico". también agrega que entre los "valores intrínsecos e irrenunciables" está el de "la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza".
Según un análisis realizado por el Observatorio de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, los temas medioambientales atravesaron las reuniones y el trabajo de las siete comisiones temáticas encargadas de elaborar la propuesta de texto constitucional. Esa visión derivó en que el enfoque ecológico aparezca mencionado en áreas diferentes como Forma de Estado, Sistema de Justicia, Principios, Derechos Fundamentales y Medio Ambiente. Con ese espíritu se construyó el texto, que busca la consagración de una “Constitución ecológica” en la cual una de las prioridades es la protección de los derechos de la naturaleza.
El texto tiene, además, otros condimentos que lo vuelven único e innovador: por un lado, es la primera Constitución (en la etapa de proyecto, aún) que fue redactada y pensada con paridad de género, algo que luego se traduce en la paridad que pregona para todos los órganos del Estado, incluidos la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Poder Legislativo.
Al mismo tiempo, y más allá de su fuerte sello ambiental, la propuesta define a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, en respeto a la presencia de pueblos originarios aún en conflicto por sus derechos y en disputa en relación al acceso a la tierra.
La nueva constitución de Chile y los derechos humanos
Por todos estos motivos, para la organización Amnesty International el proyecto pone a Chile "en la primera fila" respecto a la defensa de los derechos humanos" y "termina con las discriminaciones a los grupos históricamente vulnerables", según las palabras del director de Amnistía Internacional en ese país, Rodrigo Bustos.
La organización no le perdió pisada al proceso político chileno surgido del estallido social en 2019 y se ha pronunciado muy activamente a favor de que se apruebe la nueva Carta Magna, que tuvo también representantes constituyentes de los pueblos originarios y que es -según Amnesty- “la primera en los 200 años de historia de la República de Chile en redactarse a través de un mecanismo democrático”.
“Tenemos una oportunidad histórica de dar un giro y la nueva Constitución puede significar una transformación en las condiciones de vida sobre todo de las personas más pobres de este país y que no tienen acceso a pensiones dignas, al derecho a la salud y al trabajo decente”, afirmaron desde la organización.
El hecho que explica la fuerte impronta ecologista del proyecto de nueva constitución chilena está atado a la conformación de la asamblea encargada de redactar el proyecto, surgida del voto popular y con fuerte representación de dirigentes o referentes socioambientales de varias partes de ese país. Tal como destaca el Observatorio, ese proceso tuvo la participación de 30 convencionales a los que se llamó los “ecoconstituyentes” que le dieron fuerza e impulso a la agenda medioambiental.
Fue a partir de allí que le fueron incluyendo artículos como el que consagra los derechos de la naturaleza, o el que establece la inapropiabilidad del agua y le da a ese bien común un enfoque de derechos humanos.
El texto será votado el próximo 4 de septiembre en un plebiscito popular. Si gana la opción "apruebo", la nueva Carta Magna empezará a regir enseguida, a medida que se creen los nuevos órganos que contempla como la Agencia Nacional de Aguas o la Cámara de las Regiones. Si gana el "rechazo" seguirá vigente la Constitución de 1980, que comenzó a rodar aún bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
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