El acuerdo entre la Argentina y el FMI prevé una segmentación de las tarifas de electricidad y gas, con aumentos diferenciados para tres categorías de usuarios durante este año y el próximo. "Hoy podemos confirmar que en la cuestión tarifaria que era lo que trababa o dificultaba (el acuerdo) ya se logró avanzar, resaltó este jueves la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
Gas y electricidad: un esquema tarifario de servicios segmentado para 2022/2023.
Así, se contempla en el acuerdo que el Gobierno argentino cerró con el staff del Fondo Monetario y que en formato de proyecto de Ley remitirá al Congreso para aprobar los términos del refinanciamiento de la deuda por US$ 45.000 millones, cuyos anexos incluyen compromisos y textos técnicos que darán lugar a un nuevo programa de facilidades extendidas.
Tras alcanzar el entendimiento, la cartera económica informó que el acuerdo atiende la "gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía", por lo que reafirmó que el Gobierno está "comprometido en procurar el logro de los objetivos económicos y fiscales más amplios".
En detalle: los 3 niveles de usuarios
Según lo acordado, la segmentación se aplicará de la siguiente manera:
A). Usuarios residenciales de mayor poder adquisitivo: dejarán de recibir subsidios al consumo energético en función de su plena capacidad de pago (10% del total de usuarios).
B). Beneficiarios de la tarifa social: el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.
C). Resto de los usuarios: el incremento anual será equivalente al 80% del CVS correspondiente al año anterior.
Cerutti explicó, en conferencia de prensa, que durante 2022 y 2023 "no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos para las categorías de segmentación de usuarios B y C, si el Gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para 2022, se incluirán para el cálculo los incrementos aplicados durante todo el año calendario".
En 2021, la suba del CVS fue del 56,4%: si este año el porcentaje fuera similar, para los usuarios con tarifa social el ajuste sería del 22,5%, mientras que, para el resto, en torno al 45%.
Desde este mes (marzo) comenzaron a aplicarse aumentos del 20% en las tarifas de gas en todo el país y del 22% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba): ambos incrementos estarán contemplados dentro de las subas autorizadas.
Ahora el Poder Ejecutivo impulsará, previa audiencia pública convocada para fines de abril de 2022, las medidas que tracen un sendero de propuesta tarifaria para el bienio 2022-2023.
Se contemplan tres niveles de usuarios: los que dejarán de ser beneficiarios del subsidio en función de su plena capacidad de pago; los usuarios con tarifa social -con aumentos del 40% según el Coeficiente de Variación Salarial-; mientras que para el resto será equivalente al 80% del CVS.
La propuesta para los usuarios no residenciales contempla el pago de la tarifa plena para los "Grandes Usuarios de Distribuidor (Gudi)" mientras que, para el resto, se procederá con una revisión tarifaria según lo definido en la audiencia pública.
Por último, se destacó que se llevará adelante un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía; reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación y la cobranza y fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos, entre otras.
La contracara de ese mantenimiento del esquema tarifario fue la elevación del gasto en subsidios a niveles que llegaron a superar el total del déficit primario.
Al respecto, los subsidios para el sector energético pasaron de $186.294 millones en 2018 a $1.046.300,5 millones en 2021, con un incremento en tres años del 461,6%, según datos aportados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).
Pero subsanar ese problema implica un aumento de tarifas que, según el porcentaje aplicado, podría incidir en forma negativa en el poder adquisitivo de la población, en especial los sectores socialmente más vulnerables, tal como ocurrió entre 2016 y 2018.
Ese aspecto fue atendido en las negociaciones con el FMI y finalmente se pudo acordar que, salvo los sectores de mayor capacidad económica, la mayoría de la población no tenga que pagar aumentos superiores a la variación salarial.
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