Quiebra definitiva de Musimundo: la Justicia frena a los dueños y liquida todos los activos de Carsa
La Justicia decretó la quiebra de Carsa, operadora de Musimundo. La medida incluye la clausura de locales, prohibición de salir del país y liquidación de activos.
El Juzgado Comercial Nº 23 de Resistencia ordenó la liquidación total de los activos de Carsa y la clausura de sus sucursales.
La Justicia decretó la quiebra de Carsa, la empresa que operaba la cadena Musimundo en el norte argentino y parte de Buenos Aires, tras el fracaso de su concurso preventivo y el cierre masivo de sucursales. La medida judicial dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial Nº 23 de Resistencia incluye la prohibición de salida del país para sus directivos y el inicio del proceso de liquidación de activos.
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Quiebra de Musimundo: qué pasó con la operadora Carsa
La decisión del juez Fernando Luis Lavenas llegó luego de que la compañía redujera su estructura a una mínima expresión dedicada exclusivamente al cobro de cuotas, sin reposición de mercadería ni ingresos comerciales. El expediente detalla un pasivo millonario de $63.503 millones y cheques rechazados que volvieron insostenible la reestructuración intentada mediante el concurso preventivo presentado en julio de 2026.
Qué implica la quiebra para los clientes y acreedores
- Verificación de deudas: Los acreedores tienen tiempo hasta el 6 de noviembre para presentar los pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.
- Suspensión de pagos: Quedaron prohibidos los pagos directos a la firma, y cualquier desembolso posterior a la notificación judicial podrá ser considerado ineficaz.
- Bajas y locales cerrados: Las sucursales en Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones se encuentran clausuradas por orden judicial con intervención de las fuerzas de seguridad para resguardar los bienes restantes.
Qué pasará con los dueños y los bienes de la empresa
El fallo dictó la inhibición general de bienes de Carsa en las provincias donde operaba y ordenó la incautación de vehículos, documentación contable y sistemas informáticos. Asimismo, se estableció una restricción migratoria que prohíbe a los administradores abandonar el país hasta que la sindicatura presente el informe general del estado patrimonial.
