El nuevo impuesto del Gobierno a la "renta inesperada" que anunció el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, este lunes, plantea una alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los $1.000 millones, que en 2021 abarcó a solo el 3,2% de las firmas radicadas en la Argentina.
La presión tributaria en Argentina es cada vez más feroz.
De esta forma, quedan en la mira sectores como el agrícola-ganadero, minero y de producción de hidrocarburos, en medio de una aceleración de los precios internacionales producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, según indicó el Gobierno.
Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, se incluirá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor.
La medida generó un fuerte rechazo en la oposición, que criticó la presión impositiva que es cada vez más marcada en Argentina. "El Estado debe reducir drásticamente sus gastos improductivos, alentar la inversión en vez de castigarla y rebajar impuestos en vez de aumentarlos", señaló Patricia Bullrich, presidenta del PRO.
Desde el radicalismo, Alfredo Cornejo afirmó que es "el gobierno de los bonos y el apriete impositivo".
El ministro Guzmán, justificó el anuncio diciendo que "necesitamos que los que han ganado inesperadamente por una guerra dinero no previsto, que colaboren con su aporte contributivo".
La nueva imposición, que tendrá que pasar por el Congreso, abarcaría solo a empresas, no personas humanas y sería deducible en caso que las firmas realicen inversiones o tomen personal.
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