El objetivo es complementarse el régimen vigente para grandes proyectos y está pensado especialmente para darle escala a las inversiones de acuerdo a cada segmento de empresas (grandes, medianas, pequeñas y micro).
El proyecto incluye beneficios impositivos para las pymes, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros beneficios para inversiones que superen el umbral de los US$ 150.000 en el caso de las empresas micro; US$ 600.000 en las pequeñas; US$ 3,5 millones en las empresas del tramo 1; US$ 9 millones en las empresas del tramo 2; y US$ 30 millones en el resto.
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El proyecto se estructura en seis capítulos: Inversiones productivas, Exportaciones incrementales, agro, régimen laboral, fomento del empleo y otras disposiciones.
Con respecto al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización de la Ley de Contrato de Trabajo según está contemplado en el DNU 70/23, prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.
Para las pymes que contraten personal, habrá un bono de crédito fiscal sobre un porcentaje de las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para los nuevos empleos incrementales y por el término de 1 año.
Se sumará un bono de crédito fiscal sobre las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para la contratación de empleados públicos, del Estado Nacional, Provincial y Municipal, por el término de 2 años. Se excluye del beneficio la contratación de funcionarios públicos.
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El sector de maquinaria agrícola se perfila como uno de los beneficiarios potenciales de este nuevo esquema.
El proyecto ofrecerá beneficios fiscales, como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores de las pymes, la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura y la transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros cinco años.
Además, buscará que las pymes puedan obtener una devolución acelerada de saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses.
Se prevé además la exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Y la posibilidad de acceder a beneficios cambiarios, como la libre disponibilidad de divisas para exportaciones de manera gradual.
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Para las empresas que generen empleo, habría un “bono de crédito fiscal” sobre las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales.
El espíritu de la norma que se enviará al Congreso será garantizar una estabilidad a largo plazo, que podría rondar los 30 años.
En el caso de la amortización acelerada, se prevé la reducción de los plazos de amortización de bienes en el impuesto a las ganancias. Para la devolución anticipada de IVA, se reducirán los plazos de 6 a 3 meses.
En cuanto a la desgravación de derechos de exportación, será para MiPymes exportadoras de bienes industriales sobre exportaciones incrementales (posiciones arancelarias a determinar).
Para el sector agropecuario, habrá una postergación de la valuación de la hacienda al momento de la efectiva venta del ganado. Hasta tanto se pagará Impuestos a las Ganancias sobre la valuación fiscal.
En el caso de inversión en sistemas de riego y mallas anti granizo, habrá amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Y se aplicará una reducción de la alícuota de IVA a la energía para sistemas de riego agrícola, del 27% a 10,5%.
