La caída del consumo, el aumento de los costos en dólares, la importación barata vía “courier” y la baja de aranceles provocaron el cierre de 12.322 empresas en un año. Están en riesgo 300 mil puestos más.
Ya se perdieron 30 mil puestos de trabajo y están en riesgo 300 mil más.
Las cifras del título y la bajada fueron aportadas al ministro de Economía Luis Caputo por la Unión Industrial Argentina, preocupada por el efecto del modelo libertario en las PyMEs de nuestro país.
Pero la clase empresarial argentina, particularmente aquella que dirige unidades de hasta 500 trabajadores (el 99,4% del total) entiende perfectamente lo que parece que no se entiende: si pagás salarios registrados a piso de convenio y por debajo de la línea de pobreza, el consumo interno de productos y servicios cae (desde 7% al 20% interanual y 13% acumulado 2024).
Si flexibilizás las condiciones laborales en perjuicio de los trabajadores —sin mutilar la Ley de Contratos de Trabajo, la Ley de Riesgos del Trabajo, ni reformar la Constitución Nacional— será más fácil contratar, despedir y descartar trabajadores rotos o secuelados, pero lloverán juicios laborales, no producto de la “industria del juicio” sino por la “cultura del incumplimiento” de leyes que regulan el mercado de trabajo.
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Hace más de un año escribimos en AIRE sobre un tema que es tapa de todos los medios nacionales cada año: la Unión Argentina de Riesgos del Trabajo alerta por el incremento récord de nuevos juicios (117 mil se anunciaban para 2023 y 128 mil para este año).
Actualicemos cifras: en un país con un 42,2% de asalariados no registrados (4.478.506 al primer trimestre 2024) y 3.079.546 monotributistas (una modalidad que encubre relaciones laborales de hasta 20 años de antigüedad, tanto en el sector público como en el privado), tener poco más de 100 mil juicios por accidentes o enfermedades profesionales representa una cantidad ínfima, teniendo en cuenta un universo potencial de conflictividad de más de 7 millones de trabajadores precarizados o bajo fraude laboral.
Un indicador a considerar lo aporta la Asociación de Abogados Laboralistas: actualizada a setiembre 2023, sólo el 1,8% de los más de 10 millones de trabajadores cubiertos inician juicios contra aseguradoras de riesgos laborales o empresas.
Focalicemos por un momento en un grupo altamente feminizado: las y los trabajadores de casas particulares. Al primer trimestre 2024 había 456.678 registrados y 877.784 en negro (65,7% del total, que no están cubiertos por el sistema de riesgos).
La variación interanual de juicios (agosto 23 / agosto 24) es del 79%, pasaron de 207 a 262. Sumemos un dato conocido la última semana: según un estudio de la OIT en el Amba, el 82% de ese personal acusa haber sido víctima de violencia laboral y/o acoso sexual, y menos del 10% las denuncia, precisamente por el grado de precariedad contractual.
Sólo considerando el personal registrado y cubierto, los juicios iniciados en 2024 representan el 0,02% del total.
El mercado laboral argentino, que con la reglamentación de la Ley de Bases precariza aún más las contrataciones, presenta variaciones interanuales significativas de litigiosidad laboral, pero sobre niveles muy bajos (no discutimos montos aquí) respecto del universo de conflictividad potencial y como una reacción lógica a la cantidad de despidos registrados en el último año (CEPA habla de 261 mil empleos perdidos durante la era Milei) y las pérdidas de derechos contempladas en el Decreto 70/23 y la reglamentación de la Ley 27.742 para la “libertad de los argentinos”.
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Una vulneración de derechos semejante dispararía la judicialización de conflictos laborales sin dudas, las Cámaras Empresariales argentinas lo sabían y es lo que está pasando. Por eso se le pide al Estado (a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial) que garanticen la “legitimidad” de ese terreno ganado del capital al trabajo.
Ese fue el reclamo de UIA y PyME Idea al gobierno nacional: no que reactive obras en las provincias, suba o reponga aranceles aduaneros, sino que avance en la baja del costo laboral.
En esto están los diputados de la UCR, PRO y La Libertad Avanza, con dictamen de comisiones para modificar la Ley de Contrato de Trabajo y bajar la actualización de las indemnizaciones laborales con un índice que combina la evolución del IPC del INDEC y una tasa de interés anual del 3%.
Con todo este panorama sumado a una caída del 7% en términos reales en los primeros seis meses de gestión libertaria y la caída de 40 mil contratos en el sector público a la vista, la mesa chica de la CGT acaba de confirmar -reunida en la sede de UPCN, gremio estatal oficialista del arco iris- que no tiene previsto paro alguno para lo que resta de 2024. Lo que mostrábamos en la nota “La conducción de la CGT cumple 10 años, la caída del salario también”, se avizora como tendencia por algunos años más.
La síntesis de indicadores industriales de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) fechada en octubre, muestra la siguiente serie de datos principales: una variación interanual de la actividad general del +9%, pero con un -73% de las ramas industriales en caída y una contracción acumulada entre enero y octubre del -6%.
Sobre el dato positivo hay que aclarar que la comparación es contra un 2023 en donde la sequía y la merma en la actividad del complejo soja, establecen una base de comparación sumamente baja. Es ese mismo complejo agroindustrial (el Procesamiento de Porotos de Soja en realidad), el que empujó la interanual con un incremento del +111,4%.
También impactaron la producción de Carrocerías y Remolques (+8,4%) y la Faena Bovina (+5,3%). Los números negativos están liderados por la Producción de Acero (-19,5%), la Industria Metalúrgica (-14%), las Exportaciones Manufactureras de origen Industrial (-11,6%). Si no se computara el pico interanual de la molienda de oleaginosas, el resultado interanual para Santa Fe sería de -8,9%.
Gráficamente representado, el indicador mensual FISFE presenta la siguiente evolución para 2024:
El saldo en vidas humanas complicadas es una caída del empleo formal del 2,1% respecto de octubre 2023, que implica 11.500 nuevos santafesinos y santafesinas desocupados. Muchos de ellos de calidad, como los que se perdieron en Puerto General San Martín en Dow Chemical para el rubro Fabricación de Sustancias Químicas, que según FISFE perdió 326 puestos en lo que va del año (-5,9% interanuales).
Cifras impactantes que no permiten hablar seriamente de un rebote o recuperación sostenida, siempre que hablemos de datos y proyecciones estadísticas serias, no de operaciones políticas o de prensa.
Hace una semana que el periodismo político y económico se entretiene con la pirotecnia mojada del “divorcio político” entre el presidente y su vice. Fue lo más significativo de la última publinota, en donde un periodista sin formación ni datos le dejó mentir en serie al decir: “Bajamos la pobreza 11 puntos al 46%, sin sufrir en actividad ni en empleo, con salarios reales por encima de los que teníamos cuando asumimos”.
Martín González Rosada —el encuestador que cita Milei— trabaja para el presidente midiendo mal lo que el Indec (por amplitud y rigurosidad de muestreo) mide mejor: la pobreza subió 11 puntos (5.5 millones nuevos), lo que sumado a los 11 que mintió para abajo el presidente, da un spread de 22.
La pobreza lejos de bajar subió hasta el 52,9%, la cifra más alta desde 2004. El desempleo subió al 7,6% (300 mil nuevos desocupados para totalizar 1.7 millones) y la actividad cayó 14,5% en el espectro PyME y un 6,5% interanual. Y el impacto en los salarios fue el siguiente: registrados privados (-4%), registrados estatales (-20%), el Mínimo, Vital y Móvil (-30%), jubilados con bono incluido (-13%).
Y un dato más —que aporta la economista y colega Lucía Ortega— en el que el presidente dice que “un árbol creció menos”, pero después de talarlo y señalando el destronque: la inflación real tampoco es del 2,7% sino del 5,4%, porque debería incluir alquileres, servicios y otros costos no alimentarios. Pero Milei ningunea a Villaruel…no habrá consecuencias ni consuelo.
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