En Santa Fe, el capital hace lo que quiere. Cierra Dow y en Puerto General San Martín deja desocupación, contaminación y problemas fiscales.
El cierre de Dow impacta de lleno en Puerto General San Martín.
Hace años que todos sabemos –peronistas, antiperonistas e independientes– que la Marcha que insuperablemente afina Hugo del Carril contiene un exceso por no decir una mentira: “Combatiendo al capital”. Es una licencia poética, combustible para encender el canto y apagar –como escribiría Armando Tejada Gómez en “Vivir bajo los puentes”– la insurrección de los trabajadores.
Pero la otra Marcha (¿la segunda más coreada?) tampoco se queda atrás: hace rato que los radicales saben que “Adelante radicales, adelante sin cesar” se canta, pero no se aplica, porque casi siempre mejor que adelante es a la derecha y la marcha atrás también es un cambio. “Sin cesar” es “Sin César Jaroslavski”, desde hace algunos años.
El PRO no tiene canciones, o mejor dicho no tiene una marcha. Y las canciones de Tan Biónica no se ocupan de la propiedad de los medios de producción, ni del reparto de la riqueza.
Tal vez por eso a un sector de la coalición gobernante no le generó contradicciones internas ni externas, dejar caer la media sanción para la declaración de utilidad pública de la planta de polioles Dow Chemical (DHC), ubicada en Puerto General San Martín. En Santa Fe y en todo el mundo, la libertad es del capital, la garantía consagrada suprema es para la propiedad privada. A los trabajadores se invisibiliza, se los indemniza con cobertura de obra social extendida, y si esto no alcanza se los reprime.
Como bien recordó el diputado Carlos Del Frade, una iniciativa similar se aprobó en la cámara alta (con minúsculas) en el año 2021. Tres derrotados y hoy denostados intervinieron para evitar el cierre de DCH: Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Omar Perotti. Capitalistas todos, ninguno de los tres combate al capital, sino que lo regulan, le imponen algunas condiciones e intervinieron para salvar120 empleos directos e indirectos, el entramado industrial que demanda los insumos difundidos que produce DCH y las arcas de la Municipalidad de Puerto General San Martín.
Nuestros lectores memoriosos, señalando a los tres peronistas mencionados, nos recuerdan el Caso Vicentín, que fue amague, retirada y fractura interna, un anticipo del fracaso posterior; pero memoria completa sería recordar también IMPSA, sobre la cual escribimos en AIRE titulando: “De Vicentín también se aprende: el modelo IMPSA”.
Hace un mes el Senado mendocino aprobó la privatización por venta de acciones de la “INVAP cuyana” que pasó de Menotti-Pescarmona al Estado y del Estado a la norteamericana Arc Energy, a la que Milei en persona le habilitará la entrada a los beneficios del RIGI.
Pero volvamos a la multinacional petroquímica: no era cierto que la demanda local e internacional de polietileno y otros derivados cayera en forma vertical, el cierre fue una decisión de la multinacional que concentrará sus operaciones y ajustará sus condiciones de rentabilidad en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca.
Y al capital (que es global para fugar utilidades no para reasignar recursos entre unidades de negocios) se le agradece que venga, se lo desgrava impositivamente, y si se va no se le discute nada: ni los puestos de trabajo perdidos, ni la ausencia de un plan de remediación serio para la contaminación de tierra y aguas que producen.
Nota: en la República Federal del Extractivismo, ni el país, ni ninguna provincia (petrolera, minera, cerealera, maderera o pesquera) tiene una Ley de Cierre o Cese de Operaciones que incluya la obligación de remediar o reparar el impacto ambiental de sus explotaciones. San Juan estuvo a punto hace cuatro años, pero el lobby minero se encargó de poner las cosas en su lugar.
Finalmente, DCH se va y deja tres problemas que van a costar muchos años resolver: desempleo, contaminación y otro episodio de lo que llamamos “la democracia de la derrota”.
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Hace años que el Plan de Desarrollo Económico y Social de la provincia es más un plan de negocios privados facilitados por el Estado que otra cosa. Es el ideal de los inversores a bajo riesgo: el Estado debe diseñar ventas y concesiones a medida, con ventajas suficientes para garantizar tasas de rentabilidad que son la envidia de Latinoamérica.
¿Los y las trabajadoras? Mauricio Brizuela (Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos), consultado por AIRE nos da su opinión: “son manipulados como simples números, dicen 40 porque no cuentan el personal de cocina, de mantenimiento ni los que van a despedir de aquí a marzo, cuando tienen previsto apagar la luz”.
“Tampoco es cierto que la planta estuviera produciendo con alta capacidad ociosa, en 2023 fueron récord de producción histórica para la empresa, lo que van a hacer es pasar de productores a importadores, van a traer la materia prima de Brasil para bajarla en Bahía Blanca o Zárate Campana, porque tienen casi el 100% de la comercialización, es decir una posición absolutamente dominante”.
Según Brizuela, además de los trabajadores, el impacto será en el resto de las PyMES que antes tenían la posibilidad de comprar insumos a medida que su producción lo demandaba, “ahora van a tener que comprar un camión completo y stockarse sin importar el ritmo de venta o producción: Esto ya se vio con Petroquímica Río Tercero y se va a llevar puesto a Fabricaciones Militares. La onda expansiva en términos de empleo puede afectar 3000 puestos formales”.
Sobre los rumores de que el Ministerio de Trabajo provincial estaría desarrollando programas de reinserción laboral para los trabajadores y trabajadoras de Puerto General San Martín, Brizuela asegura que “no hay nada, son sólo papeles y palabras, no hubo vehemencia de la provincia para defender una industria estratégica para Santa Fe y el país, no sea animan a plantársele al gobierno nacional y hacen todo lo contrario que hacían en 2021 cuando eran oposición”. El golpe en la balanza comercial argentina será casi inmediato, hay 7 ramas industriales que demandarán el mismo producto que ya no se produce en el sur santafesino y habrá que gastar dólares para importar lo que antes generaba empleo y ahorro de divisas. Se restarán también $300 millones que se inyectaban en la economía cotidiana del cordón industrial al que pertenece DCH.
Es finalmente SOEPU el que está tramitando cursos con certificaciones laborales para los y las despedidos, porque “son compañeros que hace décadas hacen un trabajo calificado y muy específico, pero lo aprendieron en el oficio y no los tienen certificados”. Sobre los tiempos Brizuela sostiene que “por las edades ya la reinserción es muy difícil, quieren convertir en emprendedores a trabajadores industriales, de la industria pesada que no pueden poner una fábrica de helados artesanales. Esto es cambiar trabajo registrado con buenos sueldos y calificado por otra cosa y no hay tiempo porque vivir es asunto de todos los días”.
No saldaremos en el cierre de esta nota un debate arduo entre los ecologismos o entre ecologistas radicales y productivistas heterodoxos (que vale la pena entender, sobre todo en el caso de los funcionarios públicos). Pero está claro que no hay actividad humana de escala (no empecemos con la caza, la pesca y la recolección de frutos) que no altere las condiciones naturales del hábitat. La clave es cómo prevenir y remediar ese impacto, cuánto y en qué tecnologías invertir para que alimentos e insumos sean extraídos, recursos naturales utilizados, sin producir ecosistemas miserables, sin deteriorar la salud de los trabajadores y habitantes de los lugares donde se explotan y afectan recursos naturales.
Nada de eso sucede en Puerto General San Martín, donde el pasivo ambiental quedará como problema irresuelto afectando la calidad de vida de sus habitantes, como sucedió con ArZinc S.A. (que dejó 400 trabajadores sin empleo) en Fray Luis Beltrán. Empresa que pertenece al Grupo Multinacional Glencore (la socia en el vaciamiento y la estafa de Vicentín SAIC) y que contaminó con plomo, cadmio y azufre casi 50 hectáreas, que se filtraron hasta llegar a las napas de agua que se consumen en una localidad que está a 14 kilómetros apenas del municipio del que se retira la multinacional petroquímica.
Dow Chemical ha sido amonestado por la ONU y Amnesty Internacional por el desastre ambiental provocado en Bhopal (India, otro enclave semicolonial y esclavista), donde enfrenta varios litigios penales por contaminación sin remediación. En esos litigios se habla de “Zona de Sacrificio” y “Racismo Ambiental”. La primera bien puede cuadrar para el área afectada en Puerto General San Martín cuando se verifiquen las consecuencias de la contaminación producida por DCH. La segunda figura también, si entendemos por racismo no solo a la discriminación por razones étnicas o de color, sino también de origen social, de la posición desfavorable que ocupan los y las trabajadoras en la cadena de valor del capitalismo.
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