¿Corresponde que la Ansés salga en ayuda de las familias afectadas por los incendios forestales? ¿Corresponde que, con el argumento de crear empleo, el Gobierno nacional reduzca las contribuciones patronales que son ingresos del sistema de Seguridad Social?
No está en discusión que las familias perjudicadas por los incendios forestales reciban una ayuda del Estado, ni que el Estado tome medidas para favorecer el empleo. Más aún, las ayudas a las familias golpeadas por los incendios han sido insuficientes y en materia de empleo el propio Estado (Nación, Provincias y Municipios) precariza y terceriza a su propio personal y tolera la informalidad de millones de asalariados y trabajadores por cuenta propia.
Pero, nuevamente: ¿por qué esas ayudas deben otorgarse con fondos de la Ansés?
Los interrogantes vuelven a plantearse a raíz de la decisión de la Ansés de ayudar a las familias afectadas por los incendios forestales, duplicando el pago para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (incluyendo cónyuge) y Prestación por Desempleo. A su vez, los titulares de jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC) que perciban hasta dos haberes mínimos tendrán un plus de 14.400 pesos por beneficiario o beneficiaria.
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Por su parte, el presidente Alberto Fernández anunció que habrá incentivos fiscales en las contribuciones patronales que pagan las empresas radicadas en Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Es una reducción gradual y temporaria de las contribuciones patronales por las nuevas relaciones laborales, durante un periodo de tres años, en sectores económicos determinados de esas provincias orientados a la producción de bienes. La disminución de las contribuciones patronales de nuevas contrataciones a varones serán: 70 % el primer año, 45 % el segundo año, 20 % el tercer año.
En tanto, para nuevas contrataciones a una mujer, travesti, transexual o transgénero serán: 80% de reducción el primer año, 55% de reducción el segundo año, 30% de reducción el tercer año.
No es la Ansés la que debe financiar esas ayudas o programas. Su función es preservar el valor de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales. Y máxime cuando arrastra fuertes desequilibrios, la jubilación mínima es de apenas $20.571, los haberes acumulan un fuerte retroceso frente a la inflación y el sistema carga sobre sus espaldas con unos 300.000 juicios por demandas de reajuste de jubilaciones y pensiones, incumpliendo con el pago en tiempo y forma con las sentencias firmes.
En momentos en que se toma este tipo de medidas, es bueno recordar que el régimen previsional argentino, la llamada Caja de Jubilaciones, acumula casi 70 años con un denominador común: sus activos o fondos, fruto de los aportes y contribuciones sobre la masa salarial y sobre los ingresos de los trabajadores independientes, fueron licuados, vaciados y desviados por los distintos gobiernos de turno.
Gestión a gestión se redujo el financiamiento del sistema, a partir de las reducciones en las contribuciones patronales y la tolerancia estatal con la evasión de las empresas. Por eso suman miles y miles los y las trabajadoras que cuando alcanzan la edad para jubilarse, no cuentan con los 30 años de aportes mínimos requeridos y eso “obliga” a decretar moratorias que pagan jubilaciones mínimas, sin contar el organismo previsional con los aportes que debieron ingresar al sistema.
Finalmente, con el argumento que el sistema es deficitario se proponen reformas que vulneran los derechos de los ya jubilados y comprometen el futuro de los que hoy están activos porque cuando deban jubilarse, percibirán haberes más que deprimidos y desvalorizados.
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