El sistema previsional argentino está en la mira por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El lunes el Gobierno nacional negó que se analice impulsar una nueva reforma jubilatoria en el marco de las avanzadas negociaciones que se llevan adelante con las autoridades del FMI. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández admitió la necesidad de "avanzar más" en estudiar los beneficios jubilatorios que favorecen a jueces y embajadores a través de los regímenes especiales.
AIRE habló con Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, quien explicó que lo que está en juego es si existe margen o no para debatir reformas, y si existe el consenso político necesario para realizarlas. Haciendo un diagnóstico del sistema previsional argentino, afirmó que es una "enfermedad crónica", ya que al día de hoy se rige por las leyes de 1993, de la gestión del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.
"Si le ponés a cualquier político actual la foto de Cavallo al lado se va corriendo, porque no quiere tener relación. Sin embargo esas leyes nunca se cambiaron y lo que uno verifica es que la degradación de quienes están en el sistema", dijo. "Es cruel la demostración que de lo que tratan de hacer los políticos respecto a los 5 millones de argentinos jubilados y pensionados que viven con $28.000 en el bolsillo", agregó.
Semino explicó que en definitiva lo que el Fondo Monetario Internacional trata de asegurar con un ajuste, es el pago de la deuda que tiene el país para con ellos, y en este sentido, el Fondo de la Seguridad Social es el segundo más importante en Argentina, que "obviamente que actúa como garantía". Pero para el entrevistado, la discusión no es si se va a ajustar o no a los jubilados en el futuro, ya que ya se los ajustó con la anterior administración en 2018 y 2019, lo que significó la pérdida de 20 puntos respecto de la inflación.
Estos ajustes eran los que Alberto Fernández decía que iba a sostener vendiendo las Leliq, pero eso no sucedió: "No las vendió, suspendió la Ley de Movilidad, dio todo reajuste por DNU hacia la baja, los cuales están planteados en la Corte como inconstitucionales, y con la Ley de Movilidad se consolidó esa quita permanente que el impuesto inflación va haciendo sobre los haberes jubilatorios", explicó.
El Gobierno asegura que los eventuales cambios que están en estudio "no incluyen el régimen previsional docente sino al régimen en el que están los embajadores y jueces", aclaró el presidente Alberto Fernández a través de un audio difundido en el programa radial nacional. "La diferencia es muy grande y claramente no es para docentes. De lo que se está hablando es un régimen especial de privilegio donde básicamente están embajadores y jueces", añadió el presidente.
Sobre esto Semino aseguró que ve funcionarios "que están muy peleados con la verdad, porque se habló ahora de la reforma de regímenes especiales de jueces, embajadores y cuerpo diplomático, cuando la reforma ya se hizo en marzo del 2020". En ese momento se reformaron los regímenes especiales de jueces y diplomáticos que son la minoría, pero que los que realmente están en debate son por ejemplo los de los docentes, porque tienen mucho más volumen.
"Nada tienen que ver lo que están cobrando los jubilados con la historia laboral de cada uno, que aportaron durante 30 o 40 años. Y mucho menos tiene que ver con su canasta de necesidades básicas, que la última medición del 6 de octubre del año pasado daba $75.500, con lo cual lo demás es crueldad pura en manos de aquellos que tienen que decidir los destinos de la sociedad", afirmó.
Consultado acerca de cómo se puede mejorar esta situación, explicó que la solición es finanaciarlo con otro tipo de impuesto que no sea el IVA. "Son dos componentes que financian el sistema, la mitad proviene del trabajo, aportes y contribuciones, y ahí tenemos graves problemas porque tenemos casi un 50% de trabajo no registrado o en negro que aporta 0%, y los que trabajamos en blanco a su vez se nos paga determinados rubros no remunerativos, en negro. Pasan las administraciones, describen el problema pero nunca lo resuelven o hacen un programa para resolverlo paulatinamente", dijo.
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La otra mitad proviene de impuestos que tienen porcentajes destinados directamente a la seguridad social. De esos impuestos el único que hoy está poniendo plata al sistema -el 11%- el IVA. Es decir "el más regresivo de los impuestos, el que más se afecta a los pobres. Tenemos un sistema de seguridad social bancado por los pobres, y por los pobres jubilados que a través del consumo pagan su propio haber", dijo.
Por último Semino explicó que esto tiene solución: a fines de los 80' los países escandinavos cuando vieron que envejecía sus pirámides se apuraron a buscar fuentes de financiamiento alternativos y financiaron a través de renta petrolera. Finlandia, que no tenía sistema, hoy es uno de los países con sistema más sustentable. Esto pasó luego en los 90' en Europa, y en Argentina no se hizo nada porque hay que replantear el financiamiento de impuestos al consumo como el IVA por rentas. "Este debate no se da porque sino se quedan sin el financiamiento de las campañas electorales. Vamos a un círculo donde pagan con la vida, los que aportaron toda la vida", concluyó.





