Los aumentos en los alimentos lideran la escalada inflacionaria en la Argentina.
Foto: infobae
Es la tercera vez que el Ministerio de Economía proyecta la inflación de este año. Al elaborar el proyecto de Presupuesto 2022, que luego no fue aprobado, lo hizo con una pauta inflacionaria del 33%. Luego, en febrero, en el acuerdo con el FMI lo elevó a un rango del 38/48%. Todavía no se completó el mes de junio y en la última modificación presupuestaria lo llevó al 58/62%.
Esta nueva proyección está lejos a la de las consultoras privadas que, desde otros valores, también fueron alterando sus pronósticos mes a mes hasta elevarlos, en mayo, al 72,5% anual, con tendencia ascendente.
Con una inflación en tan solo 5 meses del 29,3%, la crisis alimentaria y energética internacional ha incidido en la mayor inflación doméstica. En el caso argentino doblemente como proveedor de bienes alimenticios e importador de energía los precios internos se dispararon mucho más allá de lo que venían subiendo.
Esta inflación está liderada por los alimentos básicos que han llevado la canasta básica familiar de pobreza a bordear los $ 100.000 mensuales (sin contar el alquiler), una cifra que no cobran los desocupados ni la mayoría de los jubilados e informales ni buena parte de los asalariados registrados.
A eso se agrega el acuerdo con el FMI que, como lo señalamos desde un primer momento, tiene un carácter inflacionario por cuanto se basa en ir reduciendo el gasto público no en forma nominal sino a través de baja en términos reales. Este objetivo realimenta la inflación ya que cada escalón de suba de los precios lleva a reclamos generalizados de trabajadores, jubilados, sectores informales quienes ya han tenido en los últimos años perdidas del poder adquisitivo de entre el 20% y 30%.
Eso obligó al Gobierno a adelantar paritarias, a otorgar bonos, a subir el piso salarial de Ganancias, a cambios en el Monotributo y en el régimen de Ganancias de autónomos para aliviar un poco a la clase media y evitar que la pobreza se dispare por encima del 50% y se provoque un estallido social. Por esa razón el FMI admitió revisar las metas trimestrales del acuerdo, pero sin alterar por ahora las metas anuales.
Pero hacia delante está aun pendiente el aumento de las tarifas de los servicios públicos, como luz, gas y agua, nuevas subas de los precios de los combustibles, los aumentos programados en los Precios Cuidados, la segunda ronda de aumentos en los precios de los productos o servicios regulados, caso prepagas, la incidencia del nuevo ajuste de la tasa de interés dispuesta por el Banco Central con el consiguiente encarecimiento del crédito y el aumento del valor del dólar oficial.
En definitiva, el segundo semestre promete registros inflacionarios superiores al del primero que rondará el 34/35%. Otro tanto podrá registrarse entre julio-diciembre, o más y el índice anual se eleva a más del 80%.
Lo que hay que comprender es que por encima de los índices y variables económicas críticas de la Argentina (bajo o nulo crecimiento, alta inflación, elevada deuda pública, desconfianza en la moneda nacional, pobreza e indigencia ascendente), se ha combinado a nivel internacional una crisis militar (Rusia-Ucrania), sanitaria (pandemia), alimentaria, energética, financiera y comercial.
Esta mega-crisis encuentra a la Argentina más que vulnerable por las hipotecas que arrastra y que se fueron agravando durante anos y anos y con nueva fuerza desde 2018 en adelante.
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